Luisa Ortega agarró la Constitución bolivariana, una Carta Magna azul, diminuta, y la blandió como si fuera Nicolás Maduro o el propio Hugo Chávez. Pero las palabras que entonó la fiscal general del Estado, férrea aliada de los mandatarios revolucionarios y chavista hasta la médula, han supuesto la principal derrota política para el ‘hijo de Chávez’ y el agrietamiento del muro revolucionario.
“Deber histórico ineludible”, que llevó a Ortega a denunciar la ruptura del orden constitucional y el “desconocimiento del modelo de estado”, en el que ella ha participado desde que comenzara a luchar por la revolución en un despacho de abogados en el estado de Aragua. Jamás negó su admiración por el “comandante supremo”, con quien estuvo vinculado personalmente desde la campaña del 98.
Fue precisamente un crítico cercano a Ortega, el general Miguel Rodríguez Torres, el primero en salir a la palestra pública a defenderla, incluso resaltando su valentía. El mandato de la fiscal, cuya elección es confirmada por la Asamblea, no expira hasta 2021.
La oposición ha criticado duramente a esta abogada de 59 años, nueve de ellos al frente del Ministerio Público, pese a reconocer, ‘sotto voce’, su preparación jurídica, con especializaciones en derecho procesal y penal. Colaboradora estrecha del anterior fiscal, Isaías Rodríguez, carga sobre sus espaldas bolivarianas las duras sentencias contra los policías y comisarios, chivos expiatorios de la matanza provocada en las calles de Caracas antes del golpe de estado de abril de 2002.
En su debe, los abusos policiales y militares durante las protesta de 2014 contra el gobierno. Y, sobre todo, el juicio y condena contra Leopoldo López. Uno de sus fiscales, Franklin Nieves, la señaló directamente tras confesar que todas las pruebas presentadas en el juicio eran falsas.
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Todo comenzó a cambiar el año pasado, cuando Ortega acudió a Ginebra para ser cuestionada por los derechos humanos. Su posición siempre militante se fue distanciando de las posturas de los radicales de Diosdado Cabello y del Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin), sabedora de que estas violaciones no prescriben. Uno de los casos más llamativos, conocido solo de forma extraoficial, es el del diputado suplente Gilber Caro: los fiscales se negaron a acusarle y por eso fue transferido a la justicia militar. Y todo ello pese a que Maduro le acusaba de terrorismo.
El distanciamiento, nunca público, se hizo evidente en enero, cuando el Palacio de Miraflores impuso que la Fiscalía General, integrante del Poder Ciudadano junto a la Contraloría y el Defensor del Pueblo, no ocupara la presidencia rotatoria del Consejo Moral Republicano. El elegido fue el Defensor del Pueblo.
El marido de Luisa Ortega es el diputado chavista Germán Ferrer, quien perteneció a las Juventudes del Partido Comunista y participó en la guerrilla urbana contra el presidente Rómulo Betancourt, primer presidente de la etapa democrática.
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LOZANO | D. SANTANDER Caracas/ elmundo.es
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