El Ejecutivo publicó hoy jueves un Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para los damnificados debido a la deflagración en Villa El Salvador.
Entre estas se encuentra la entrega de bonos para la mejora de sus viviendas.
Es el Decreto de Urgencia 024-2020, publicado en El Peruano, con las firmas del ministro de Vivienda, del presidente del Consejo de Ministros, así como del mandatario Martín Vizcarra.
La norma contempla dos bonos, uno de los cuales será para la población damnificada con vivienda afectada por el desastre. En este caso es el Bono Familiar Habitacional en la modalidad de aplicación del Mejoramiento de Vivienda y se acoge a lo determinado por la Ley 30852.
Se exonera a la población damnificada de los requisitos de dominio de la propiedad del predio donde se ubica la vivienda afectada, de la Licencia de Edificación, así como del ahorro establecido en la Ley 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH).
Un segundo bono será para la población damnificada de la zona declarada en estado de emergencia por Decreto Supremo 011-2020-PCM.
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En este caso se trata del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos a los Riesgos Sísmicos creado por Ley 30191.
A los beneficiarios de este último bono se les exonera del requisito de dominio de la propiedad del predio donde se ubica la vivienda. Se otorga una sola vez por predio y lo tramita cualquiera de sus ocupantes.
El Decreto de Urgencia dispone además que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formule, ejecute y supervise intervenciones que comprendan la edificación de viviendas en favor de la población damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables.
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Para hacer posible este Decreto de Urgencia, se exceptúa de las licencias de edificación a las que hace referencia la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para las edificaciones de viviendas.
La implementación de lo establecido en este decreto se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La Contraloría verificará que se cumplan las medidas.
Foto Andina