Human Rights Watch: Ejecutivo y el Congreso permiten el avance del crimen organizado

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Las recientes políticas impulsadas por el Congreso, con el respaldo del gobierno de Dina Boluarte, están promoviendo la expansión del crimen organizado, debilitando la capacidad estatal para combatirlo y afectando la independencia judicial. Así lo señala el informe “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, publicado por Human Rights Watch (HRW).

El documento detalla que varias decisiones legislativas han obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones clave y revertido avances en la protección ambiental. Asimismo, indica que el gobierno de Boluarte ha favorecido esta agenda mediante la aplicación repetitiva de estados de emergencia, una estrategia que limita derechos constitucionales y se presenta como su principal herramienta de seguridad.

 

 

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, advirtió que estas acciones han dejado a millones de peruanos más expuestos al crimen organizado. Instó tanto al Congreso como al Ejecutivo a revertir inmediatamente estas medidas y proteger los derechos de la ciudadanía.

El informe se basa en entrevistas realizadas a 125 personas, incluyendo fiscales, jueces, policías, defensores ambientales, líderes indígenas, periodistas y funcionarios en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. También analizó un total de 34 leyes y acciones legislativas, además de 54 decretos presidenciales relacionados con la criminalidad y política en el Perú.

En cuanto a cifras concretas, se revisaron leyes y proyectos aprobados por el Congreso hasta abril de 2025. Del mismo periodo, se evaluaron decretos presidenciales junto con reportes oficiales sobre criminalidad en el país.

 

 

Congreso debilita justicia frente al crimen organizado

Human Rights Watch subraya que las acciones del Congreso han debilitado significativamente la autonomía y efectividad del sistema judicial frente a redes delictivas. Entre 2018 y 2024, los homicidios se incrementaron un 137 %, mientras que las estadísticas preliminares para 2025 señalan un posible récord histórico. En 2024, más de la mitad de los asesinatos fueron ejecutados por sicarios, mientras las denuncias por extorsión continuaron alcanzando máximos históricos.

Datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud revelan que hasta la fecha se han registrado 1,129 homicidios en el país. Estas cifras evidencian una persistencia alarmante de la violencia letal y respaldan las proyecciones de aumentos en los índices de criminalidad para 2025.

 

 

El informe denuncia que el Congreso ha debilitado herramientas esenciales para enfrentar el crimen organizado. Entre los cambios mencionados están la drástica limitación de los mecanismos de colaboración eficaz, fundamentales para desarticular redes criminales; la modificación de la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos relacionados con corrupción; así como restricciones a los allanamientos y el retiro de jueces y fiscales destacados, lo que dificulta investigaciones sensibles.

Goebertus puntualizó que una política de seguridad efectiva debe fortalecer las herramientas imprescindibles para que jueces, fiscales y especialistas forenses puedan garantizar justicia para las víctimas del crimen organizado. Enfatizó que debilitar estas capacidades pone en riesgo no solo al sistema legal, sino también a toda la sociedad peruana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Videos: Twitter HRW / Twitter Wayka / Twitter RPP

 

 

 

 

 

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