Nueva denuncia contra una congresista. Esta vez, Rosio Torres, parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP), ha sido acusada por presuntamente haber cometido el delito de peculado doloso. Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, Torres se habría apropiado indebidamente de bienes públicos en beneficio propio. En un comunicado, la Fiscalía señaló que el caso está vinculado tanto a su partido como a la candidatura política de su esposo.
«Los hechos se refieren a que Torres Salinas habría utilizado —para fines personales y relacionados con su agrupación política— a una trabajadora contratada y remunerada por el Congreso de la República, asignada a su despacho, para que entre el 4 y el 9 de abril de 2022, y durante su horario laboral, depure el padrón de militantes del partido Alianza Para el Progreso. El objetivo de esta acción era facilitar la candidatura de Fernando Meléndez Celis, cónyuge de la congresista, como gobernador regional de Loreto«, detalla el comunicado de la Fiscalía.
🚨 #Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Rosio Torres Salinas, en su actuación como congresista. pic.twitter.com/CoOmNGZr3Y
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 20, 2025
Ya era investigada por recorte de sueldo
Esta no es la primera denuncia en contra de la congresista de Alianza Para el Progreso. Torres viene siendo investigada por un presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho congresal. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, entre los años 2021 y 2023 se habrían efectuado transferencias de dinero por parte del personal, con montos que oscilarían entre 1.000 y 10.000 soles.
La tesis fiscal sostiene que ese dinero provenía de asesores y auxiliares del despacho de Torres y era transferido a cuentas bancarias administradas por su sobrino. Asimismo, se señala que la congresista habría utilizado su cargo como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el periodo 2021-2022, para exigir dichos aportes.
Para esclarecer los hechos, la Fiscalía ha requerido los registros de movimientos bancarios y ha citado a declarar a quienes serían las víctimas de estos recortes.
Texto: WSV
Foto: Composición
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