La justicia peruana resolvió que la Fiscalía debe finalizar la investigación preliminar que mantiene activa contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por supuestos ilícitos de lavado de activos y financiamiento indebido de agrupaciones políticas durante los comicios de 2021, etapa en la que integró la fórmula de Perú Libre.
El magistrado Fernando Valdez Pimentel tomó esta decisión al declarar «fundada» una petición de control de términos que presentaron los defensores de la jefa de Estado, solicitando que se instruya al órgano investigador concluir de manera definitiva esta etapa de indagación preliminar.
A través de una decisión judicial del 13 de agosto el juez estableció que la Fiscalía responsable del expediente debe emitir la disposición correspondiente para cerrar esta fase inicial y establecer su criterio; esto es, determinar si archiva el trámite o inicia una investigación preparatoria contra Dina Boluarte Zegarra por estos sucesos ocurridos cuando carecía de condición de «aforada».
Los defensores de la mandataria argumentan que el 19 de enero de 2023 se iniciaron las diligencias preliminares por ocho meses que concluyeron el 16 de septiembre de ese año, razón por la cual se efectuaron tres extensiones del período de la indagación preliminar.
De esta manera, se indica que las extensiones contravienen lo estipulado en la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal respecto a que, luego de cumplido el término original, no es posible ampliar o extender esta pesquisa preliminar.
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Respecto a este punto, el Ministerio Público solicitó desestimar la petición de la defensa de la mandataria, argumentando que se trata de un caso que incluye delitos de lavado de activos, financiamiento indebido de partidos políticos, organización criminal y otros; y, por la complejidad de los actos investigativos, se fijó el término máximo de las diligencias preliminares de 36 meses, que culmina en enero del 2026.
El magistrado Fernando Valdez estableció no obstante que, según la doctrina jurisprudencial vigente, en este caso – una vez cumplido el período original de la indagación preliminar – no procede su extensión, sino su conclusión.
«A la fecha de hoy, han trascurrido aproximadamente un año y once meses — incluso a portas de concluir los tres años [en enero de 2026] — tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar. Por lo tanto, el control de plazo debe declararse fundado», determinó el magistrado en su resolución.
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El juez destacó también que conservan validez todas las diligencias procesales, ejecutadas por la Fiscalía después del 16 de septiembre de 2023,
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (tercer despacho) indaga también a Dina Boluarte Zegarra por supuestamente haber creado una cuenta mancomunada a nombre de Perú Libre, con la finalidad de conseguir recursos de los militantes de esta organización política para el pago de una reparación civil que se impuso al fugitivo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón Rojas.
Foto Andina