La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, manifestó su firme rechazo frente al homicidio de dos magistrados de paz registrados recientemente en las circunscripciones judiciales de Cañete y La Libertad, víctimas de la criminalidad que afecta al territorio nacional.
«Con la muerte de los dos jueces de paz, todas y todos nos debemos sentir muy afectados, pero muy afectados, como en estos momentos comparto el dolor de la familia que a esta hora debe estar enterrando al juez de paz de Chicama, La Libertad», señaló la autoridad judicial.
La presidenta indicó que el fallecimiento del magistrado de paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, ocurrió debido a su compromiso con la normativa legal, al negarse a ceder frente a las presiones para emitir documentos de posesión territorial sin fundamento jurídico.
Previamente, también perdió la vida en Quilmaná, zona bajo jurisdicción de la Corte de Cañete, el magistrado de paz Jorge Renato Fernández Sánchez.
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Tello Gilardi realizó estas declaraciones durante la ceremonia conmemorativa por los quince años de operaciones de la Corte Superior de Lima Sur, evento que contó con la presencia de miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, magistrados y autoridades municipales.
La funcionaria destacó que las circunstancias políticas y sociales actuales del país posicionan nuevamente al Poder Judicial como líder en la adopción de herramientas efectivas para combatir la inseguridad y evitar la impunidad.
En esa línea, explicó que aunque en esta jurisdicción funciona una unidad piloto de flagrancia, el objetivo es establecer próximamente una unidad modelo con mayores recursos operativos.
«Los jueces y juezas que en su momento estén a cargo de los juzgados de flagrancia, deben responder de manera firme, pues en el Código existe la posibilidad de dictar penas cortas pero efectivas, esa es la manera de cómo debemos responder en estos momentos», indicó.
Adicionalmente, la presidenta del Poder Judicial valoró los progresos alcanzados por la Corte de Lima Sur durante sus tres lustros de funcionamiento, tanto en el ámbito judicial como en la gestión administrativa.
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Subrayó especialmente las iniciativas desarrolladas para facilitar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y la justicia comunitaria, incluyendo el programa de Justicia Itinerante.
Mencionó que en mayo de 2019, sin contar con regulación específica y basándose únicamente en experiencias previas de otras cortes, el Despacho Móvil llegó a la zona de Manchay, un vehículo equipado donde magistrados y personal especializado atienden casos de violencia contra la mujer.
Igualmente, resaltó la incorporación de la oralidad en procesos civiles en las cortes del país, medida que ha reducido los tiempos de resolución de casos de cuatro años a solamente tres o cuatro meses.
Asimismo, reconoció que la Corte obtuvo el primer puesto en ejecución de presupuesto a nivel nacional durante 2024, resultado que consideró como evidencia del compromiso institucional con la eficiencia y transparencia.
También valoró el trabajo de magistrados y personal por acercar el servicio judicial a quienes más lo requieren, ofreciendo una Corte que atienda sus necesidades con celeridad, oportunidad y modernidad.
«Todo lo que se ha desarrollado en esta Corte guarda absoluta coherencia con las políticas de gestión que hemos impulsado este año, siguiendo las metas y objetivos propuestos desde la Presidencia del Poder Judicial y con el Plan Estratégico Institucional», señaló.