La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio luz verde al informe final de la denuncia acumulada contra la fiscal de la nación temporalmente apartada, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. El dictamen sugiere aplicarle una sanción de inhabilitación por un período de 10 años para que no pueda ejercer la función fiscal.
Las acusaciones surgieron a raíz de denuncias presentadas por los legisladores Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi. Estas se enfocaron en que Espinoza formuló una denuncia constitucional contra 11 congresistas que formaron parte de la Comisión de Defensa Nacional en el lapso 2021-2022. Dicha comisión había autorizado la percepción simultánea de remuneración y pensión para jubilados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Por esta acción, se le atribuyó a Espinoza Valenzuela una presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139 —en sus incisos 3 y 5— de la Constitución; adicionalmente, se señalaron los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal. También se incluyó la infracción de los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Carta Magna.
El informe, cuya elaboración estuvo a cargo del congresista Elvis Vergara, indica que la evaluación legal del caso se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y garantizó el derecho de defensa de la denunciada. Por consiguiente, se desestimó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Espinoza, al concluir que no existían fallas que invalidaran el proceso.
Pleno del Congreso votará el 3 de diciembre informes finales de Castillo y Delia Espinoza
⚖️ Recomendaciones de archivo y acusación
El documento propuso el archivo de los puntos relacionados con los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tras constatar que no había pruebas suficientes para justificar una acusación penal. De igual modo, se recomendó archivar las denuncias referentes a la presunta transgresión de los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución, en lo concerniente a su desempeño como fiscal de la nación.
No obstante, el dictamen final plantea acusar a Delia Espinoza por una infracción constitucional específica: los artículos 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, al considerar que su actuación menoscabó principios esenciales del servicio público y afectó atribuciones propias del Poder Legislativo.
🚀 El camino a la Comisión Permanente
En consecuencia, se sugirió aplicar la pena de inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier puesto fiscal. La medida fue aprobada por mayoría en la sesión de la Subcomisión, la cual fue presidida por el congresista Jorge Montoya, vicepresidente de este grupo de trabajo.
Un punto crucial de la acusación se centró en cómo la fiscal actuó al denunciar a los parlamentarios. El informe detalla que ella «no consideró la naturaleza de los actos funcionales de los congresistas y el impacto que tendría su denuncia», declaró el congresista Vergara.
Como paso siguiente, se dispuso la remisión del informe a la Comisión Permanente para que continúe el trámite reglamentario.
Relatora ONU denuncia impedimentos contra Delia Espinoza para que retorne a Fiscalía
Foto Andina