La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló la sentencia que imponía ocho años de prisión al ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y lo absolvió de los cargos de presunto peculado doloso relacionado con la apropiación de fondos destinados a la semana de representación. Con esta decisión, el máximo órgano penal del país deja sin efecto una de las condenas políticas más discutidas del año, estableciendo un precedente sobre el uso de la asignación parlamentaria.
En marzo de 2025, la Sala Suprema Penal Especial había condenado a Salaverry a ocho años de prisión y le ordenó pagar S/ 119,577 como reparación civil. Según el fallo inicial, se indicaba que el excongresista habría utilizado indebidamente los recursos destinados a financiar actividades representativas entre 2017 y 2018.
Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación de Daniel Salaverry por delito de peculado
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La nueva resolución, leída por el juez supremo César San Martín, determinó que la interpretación realizada en primera instancia fue incorrecta. La sentencia actual sostiene que la asignación parlamentaria para la semana de representación –que asciende a S/ 2,800 semanales– no es considerada un fondo público sujeto a rendición de cuentas, sino más bien una retribución personal por servicios prestados en funciones parlamentarias.
San Martín explicó que dichos montos corresponden a una compensación por servicios personales y representan un pago fijo anticipado sobre el cual se aplica el impuesto a la renta en la quinta categoría.
Daniel Salaverry, expresidente del Congreso: Se corrigió este error, jamás cogí un sol indebidamente del Congreso
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El tribunal concluyó que dichos fondos no constituyen bienes administrados directamente por el congresista, sino asignaciones de libre disponibilidad. En consecuencia, al no existir una exigencia legal de justificar su uso ante la administración del Congreso, no se cumplen los elementos necesarios para configurar un delito de peculado doloso por apropiación.
Esta interpretación contrasta totalmente con el criterio adoptado por los jueces en primera instancia, quienes habían sostenido que los recursos entregados debían emplearse exclusivamente en actividades relacionadas con la representación parlamentaria.
Texto: WSV
Foto: Composición
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