La iniciativa legislativa busca fortalecer la respuesta del Estado ante la violencia en el transporte urbano, brindar acompañamiento legal a las víctimas y reforzar la confianza en la denuncia mediante su posible representación en procesos penales.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) podría asumir la representación legal de transportistas víctimas de extorsión, sicariato, homicidio y delitos conexos, con el objetivo de coadyuvar en el proceso penal y garantizar el éxito del proceso y sanción.
El proyecto de Ley plantea modificar el artículo 98 del Nuevo Código Procesal Penal para autorizar que entidades públicas competentes, como la ATU, puedan representar a las víctimas en procesos penales vinculados a delitos que afectan el servicio de transporte.
Asimismo, contempla ajustes en la Ley de Organización y Funciones del MTC para habilitar dicha representación a sus organismos adscritos, así como la actualización de la ley de creación de la ATU para incorporar expresamente la defensa legal en casos de delitos graves.
Desde la perspectiva institucional, el proyecto de Ley se alinea con el soporte y orientación legal que brinda el programa ASYSTE, cuya naturaleza radica en acompañar a las empresas de transporte público con asesoría especializada, información oportuna y articulación con las entidades competentes.
A la fecha, más de 90 empresas de transporte convencional han recibido soporte mediante ASYSTE, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia una etapa de representación directa en sede penal que reduzca el temor a denunciar, asegure el seguimiento de los procesos y refuerce la protección institucional en un sector especialmente golpeado por la criminalidad.
De aprobarse la propuesta, la medida consolidaría el rol de la ATU no solo como ente regulador del transporte urbano, sino también como actor clave en la defensa de quienes garantizan la movilidad diaria de millones de ciudadanos.