El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, dio a conocer el Plan Nacional de Deshacinamiento. Esta iniciativa busca mitigar el exceso de reclusos en los centros penitenciarios para optimizar la administración y la seguridad interna.
Alcance y coordinación institucional
La estrategia propone el análisis de más de 5 000 casos judiciales. Se calcula que un total de 24 739 personas privadas de su libertad podrían calificar para estas medidas, bajo la estricta vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la judicatura.
Jiménez Borra enfatizó que estas acciones requieren un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, descartando esfuerzos aislados. Precisó que el beneficio solo aplica para sentencias menores a cuatro años por faltas leves, tales como el incumplimiento de pensiones alimenticias o delitos dolosos de baja gravedad. Los condenados por sicariato, asesinatos o extorsiones quedan totalmente excluidos del proceso.
INPE halla conectividad clandestina de internet en los exteriores del Penal Challapalca
Infraestructura y metas a largo plazo
El proyecto también contempla la mejora de la red carcelaria actual. Actualmente, se ejecutan labores de edificación y expansión en recintos situados en Iquitos, Arequipa, Abancay y Pucallpa. Estas nuevas plazas servirán para redistribuir a la población de los centros más saturados.
Minjusdh informa que la Sunir reemplazará al Inpe para reformar el sistema carcelario
Como ejemplo de la crisis actual, el ministro detalló que el penal de Lurigancho alberga a 10 000 internos pese a tener capacidad para 3 000. Asimismo, en Chincha, espacios diseñados para ocho personas son ocupados por 21, situación que compromete la vigilancia. El plan tiene una proyección hasta el 2028 para garantizar su permanencia más allá de la gestión vigente.
Foto Andina