El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el inicio oficial de la investigación preparatoria contra Dina Boluarte. La exjefa de Estado es señalada por el presunto delito de lavado de activos debido a las contribuciones económicas que obtuvo el partido Perú Libre durante la campaña del 2021.
Esta disposición judicial incluye también a siete ciudadanos adicionales: Mercedes Carrión Romero, Percy Rivera Ladera, Carlos Pimentel Silva, Edgar Aranda Huincho, Rogelio Huamani Carbajal, Eddy Misari Conde y Braulio Grajeda Bellido. Gracias a este dictamen, el Ministerio Público dispone de un plazo de 36 meses para realizar las diligencias correspondientes sobre la exmandataria.
⚖️ Un proceso con plazos extendidos
Anteriormente, en octubre del último año, el magistrado Fernando Valdez Pimentel no aceptó el requerimiento fiscal para prohibir la salida del territorio nacional a la expresidenta. La autoridad judicial determinó en aquel momento que la petición carecía de los fundamentos legales necesarios para ser aprobada.
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El juez argumentó que no se presentaba un riesgo de evasión de la justicia y subrayó la conducta colaborativa de la investigada en las etapas previas. En dicha sesión, el representante del juzgado sostuvo que las pruebas presentadas no daban fuerza a la hipótesis de blanqueo de capitales. Para Valdez, las cifras cuestionadas por los fiscales son «mínimos», ya que oscilan entre los S/100 y S/150. Por tal motivo, manifestó que no era lógico proponer que una red criminal se estructurara para gestionar apenas S/15.000.
🚫 Restricciones de viaje rechazadas
Debido a estos criterios, se descartó la aplicación de controles de movimiento al no hallarse un plan financiero ilegal que lo justificara. De igual forma, en febrero del presente año, una sala superior ratificó la negativa ante un recurso de apelación de la Fiscalía, que buscaba imponer el impedimento de salida en el expediente relacionado con el caso Cirugías.
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📂 El origen de las sospechas fiscales
Las pesquisas sugieren que Boluarte habría impulsado la apertura de una cuenta compartida bajo la titularidad de Perú Libre. El fin de este fondo era recolectar dinero de los afiliados para cancelar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder de la organización política y actualmente en condición de prófugo.
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