Familiares de víctimas piden a Keiko Fujimori se deroguen leyes de impunidad y pro crimen

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Los familiares y víctimas del conflicto armado interno entre 1980 y 2000, las protestas sociales de 2020, las masacres de 2022-2023 y los casos de violencia del Estado de 2025 a 2026 exigen a Keiko Fujimori la derogación de leyes que promueven la impunidad y las leyes pro crimen. También insisten en asegurar una garantía efectiva de no repetición y el pleno respeto a la independencia judicial.

Expresaron que el lema de campaña de Keiko Fujimori, «gobernaré como mi padre», les genera gran preocupación y lo consideran una amenaza, dado que la dictadura de Alberto Fujimori está asociada con crímenes de lesa humanidad, torturas, violencia sexual y esterilizaciones forzadas.

 

 

Mediante una conferencia de prensa, los colectivos de familiares y víctimas manifestaron su preocupación por un reciente inicio de la persecución contra autoridades del Poder Judicial que cumplen con sus funciones según lo estipula la Constitución Política.

Afirman que Keiko Fujimori ha estado preparando el terreno para asentar su poder en el país. Destacaron que desde que Fujimori actúa a través del Congreso, se han controlado el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ahora están apuntando al Poder Judicial.

 

 

Indicaron que el equipo de Keiko Fujimori incluye a muchas personas vinculadas al fujimorismo y a la dictadura de Alberto Fujimori y Montesinos, quienes también han apoyado al régimen de Dina Boluarte.

Gisela Ortiz, acompañada por familiares de las víctimas, comentó que Keiko Fujimori ha ejercido poder desde el Congreso con mayoría, impulsando leyes que favorecen la impunidad y el olvido, exonerando responsabilidades en los crímenes cometidos.

 

 

Esto, señaló, indica que no se trata de un nuevo gobierno, sino de una continuidad en la rearticulación del poder a través del Ejecutivo, buscando controlar todas las instancias del Estado que deben proteger los derechos. Advirtió sobre la consolidación de un proyecto autoritario que pone en riesgo los derechos a la verdad, la justicia, la protesta y la libertad de expresión.

Al respecto, resaltó la imposibilidad de dialogar con alguien vinculado a quienes cometieron estos crímenes: «Como familiares, reafirmamos nuestra lucha continua en defensa de la verdad, la justicia y la memoria de nuestros seres queridos y sobrevivientes».

Finalmente, declararon que no reconocen a Keiko Fujimori como presidenta e hicieron un llamado a marchar el 27 y 28 de julio para expresar su protesta.

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Twitter CNDDHH
Video: Facebook CNDDHH

 

 

 

 

 

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