El Poder Judicial avaló la ampliación de la prisión preventiva contra el exmandatario Pedro Castillo, quien es investigado por presuntamente encabezar una organización criminal dentro de Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda.,
Con este pronunciamiento, la Sala rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente. La medida se extenderá hasta el 8 de marzo de 2027, misma fecha en que el tribunal tiene previsto resolver el recurso contra la condena de 11 años y 5 meses que recibió por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.
En medio de versiones sobre un eventual indulto o gracia presidencial, el pronunciamiento judicial ratificó lo decidido en febrero por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, que aceptó el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de ampliar la medida por 12 meses adicionales.
Según el documento al que tuvo acceso Infobae, los magistrados supremos determinaron que la complejidad del caso justifica extender el plazo para completar estudios técnicos especializados.
El tribunal también tomó en cuenta el tamaño de la presunta red de corrupción, que además de Castillo involucra a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), junto a otros 90 procesados en diferentes despachos fiscales.
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⚖️ Las razones detrás del fallo judicial
La Sala Penal Permanente identificó un riesgo de fuga, sustentado en que el investigado no tiene un vínculo laboral estable, sumado a la disposición del gobierno mexicano para otorgarle asilo político —como sucedió con Betssy Chávez— y a que su familia se encuentra en ese país después de obtener un permiso de salida segura.
Por esta razón, el máximo tribunal pidió a la Fiscalía actuar con rapidez, advirtiendo que no habrá una prórroga adicional al plazo establecido.
🔍 Los casos que lo mantienen investigado
En el expediente de Petroperú, la Fiscalía indaga la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general, acordada por Castillo luego de recibir un presunto pago de 30,000 soles.
El exmandatario habría participado en reuniones en Palacio de Gobierno junto al empresario Abudayeh Giha para beneficiar a Heaven Petroleum en la adquisición de Biodiésel B100, operación que habría generado pagos irregulares de hasta dos millones de soles a través de intermediarios.
En el Ministerio de Transportes, se investiga el presunto manejo irregular de la obra Puente Tarata III. La hipótesis fiscal indica que Castillo y el exministro Juan Silva pactaron una coima equivalente al 0.5% del valor de la obra, usando a sobrinos del expresidente como enlace con los empresarios involucrados.
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👨👩👦 El entramado familiar en el caso Vivienda
Finalmente, en el Ministerio de Vivienda se examina la emisión del Decreto de Urgencia 102-2021, usado para financiar proyectos en municipios afines como Anguía.
En esta trama, familiares del expresidente —Yenifer, David y Walter Paredes— habrían elaborado documentos técnicos y realizado transferencias bancarias a empresas vinculadas a su entorno cercano.
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Foto Andina