Los antecedentes de Giovanni Forno, oficial mayor nombrado por fujimorista Miki Torres

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La Mesa Directiva del Senado ha confirmado a Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez como el nuevo oficial mayor del Senado. Esta decisión fue refrendada por la Junta de Portavoces y comunicada a la Comisión Directiva.

Al asumir este rol, Forno Flórez también ocupará el cargo de oficial mayor del Congreso de la República. Compartirá las responsabilidades de la alta dirección parlamentaria con Hugo Rovira Zagal, quien ha sido designado oficial mayor de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el artículo 105° del Reglamento del Congreso, estas designaciones corresponden a la Mesa Directiva de cada cámara, basándose en propuestas de sus respectivas presidencias.

 

 

La decisión de nombrar a Forno, influida por la nueva Mesa Directiva del Senado bajo el liderazgo del fujimorista Miki Torres, ha generado preocupación sobre un posible mensaje de impunidad a la ciudadanía. Esto plantea preguntas sobre las razones por las que el fujimorismo sigue apoyando a un funcionario con serios cuestionamientos éticos y acusaciones por violar la neutralidad electoral. ¿Qué compromisos ocultos podrían estar detrás de esta confirmación? Parece que responde a una lógica de reciprocidad política donde la influencia de Alianza Para el Progreso (APP) se extiende más allá de las bancadas y se afianza en la estructura burocrática parlamentaria.

 

 

El historial de Giovanni Forno en la administración del Poder Legislativo ha estado marcado por controversias. A finales de diciembre de 2024, el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador Juan Burgos, solicitó urgentemente a la Oficialía Mayor los registros de las cámaras de seguridad en el Complejo Legislativo en Lima. Este requerimiento cubría desde el 1 de julio al 31 de agosto, buscando verificar posibles vínculos entre funcionarios y una presumible red de explotación sexual operando desde dentro del Congreso.

 

 

Esta red fue supuestamente dirigida por Jorge Torres Saravia, relacionándose con APP mientras desempeñaba un cargo en el Área Legal y Constitucional del Parlamento. Durante las investigaciones, se indicó que contrataba a mujeres jóvenes bajo la fachada de asesoras o secretarias para propósitos ajenos al trabajo parlamentario. Andrea Vidal, vinculada a estas actividades, fue asesinada, un hecho que sacudió el escenario político entre finales de 2024 e inicios de 2025.

 

 

Forno respondió al requerimiento de Burgos con obstáculos notables. Alegó que las imágenes no estaban disponibles debido a limitaciones de almacenamiento técnico, explicando que el sistema sobrescribe los datos cada 25 días, eliminando automáticamente archivos anteriores. Así, vital evidencia para esclarecer presuntas actividades ilegales dentro del Congreso fue definitivamente perdida.

 

 

Este patrón de amnesia institucional se amplió con la aparición de Forno el jueves 26 de diciembre de 2024 ante el grupo de trabajo liderado por el congresista Burgos. Durante esa sesión, el funcionario aceptó que la contratación de Torres Saravia era su responsabilidad completa, pero alegó haber sufrido una repentina amnesia al negarse a identificar al parlamentario que le recomendó y le entregó el currículum del acusado. Aunque no recordaba quién amparó al sospechoso relacionado con APP, Forno defendió su contratación afirmando que él «era competente para el puesto».

 

 

La relación entre Fuerza Popular y Giovanni Forno va más allá de una simple coincidencia ideológica, involucrando favores operativos específicos. En noviembre de 2025, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó explicaciones urgentes al entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, debido a la posible violación de reglas de neutralidad estatal en las Elecciones Generales 2026.

 

 

Un informe de la coordinadora de fiscalización, fechado el 3 de noviembre de 2025, confirmó que se utilizó una cámara de videograbación del Congreso de la República para registrar un mitin proselitista de Fuerza Popular en Trujillo, donde se anunció formalmente la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori. El organismo electoral acusó a Rospigliosi y Forno de un «presunto uso indebido de bienes públicos a favor de la organización política Fuerza Popular«, dándoles un día calendario para presentar sus descargos a través de casilla electrónica. Esta medida se ejecutó junto con las solicitudes de información enviadas por la Comisión de Fiscalización, presidida entonces por Elvis Vergara. Y ahí quedó todo.

 

Cronología del Blindaje y Reciclaje de Giovanni Forno
Dic. 2024: Giovanni Forno afirma que las cámaras del Congreso se «sobrescribieron» y niega videos a la Comisión de Fiscalización en el caso de la presunta red de prostitución vinculada a APP.
Ene. 2025: Múltiples bancadas exigen formalmente su destitución. Pero la presidencia de Eduardo Salhuana de APP omite el pedido y respalda la permanencia de Forno.
Feb. 2025: La Mesa Directiva (APP, Fuerza Popular, Perú Libre, y Avanza País) ratifica a Forno. Asimismo, fujimorista Patricia Juárez defiende su «experiencia».
Nov. 2025: El JEE de Pacasmayo abre investigación contra Rospigliosi y Forno por usar equipos del Congreso en mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.
Jul. 2026: La nueva Mesa Directiva del Senado, liderada por Micky Torres (Fuerza Popular), premia a Forno designándolo Oficial Mayor del Senado y del Congreso.

 

Texto: WSV / Lima Gris
Foto: Composición

 

 

 

 

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