El expresidente Ollanta Humala, beneficiado recientemente con la anulación de su condena por financiamiento ilícito de campaña, cuestionó el distinto rasero con que la Justicia trató su caso frente al de la mandataria Keiko Fujimori, a quien señaló de haber recibido «aportes ilegales» para su agrupación política.
Reprochó que los jueces admitieran los recursos legales que Keiko Fujimori interpuso para detener las pesquisas por lavado de activos y financiamiento irregular de campaña, pese a basarse en argumentos similares a los que le negaron a él. Remarcó, además, que en el caso de la actual presidenta el dinero cuestionado «sí recibió» ingresó a las arcas partidarias.
🎯 «Persecución ideológica», según Humala
Humala insistió en calificar su propio proceso como una «persecución ideológica», al sostener que las acusaciones en su contra apuntaban a presuntos aportes procedentes de «gobiernos de izquierda», en referencia al dinero que habría llegado desde la Venezuela gobernada entonces por Hugo Chávez.
En diálogo con un podcast del diario La República, el exjefe de Estado declaró: «En los otros partidos las acusaciones eran por grupos empresariales; en nuestro caso, ha sido una persecución ideológica por nuestra gestión de gobierno».
⚖️ El recorrido judicial de ambos casos
Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016, dejó el penal de Barbadillo, en Lima, el 1 de agosto, horas después de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la sentencia de 15 años que pesaba sobre él por lavado de activos, dictada en abril de 2025 por la financiación irregular de sus campañas.
El máximo intérprete de la Constitución amparó el hábeas corpus presentado contra todo el proceso, al determinar que se habían vulnerado garantías como la presunción de inocencia y la debida tipificación del delito, además de haberse aplicado sanciones con carácter retroactivo a hechos que en su momento no constituían delito.
Tribunal Constitucional anula proceso penal que condenó a Humala por lavado de activos
Cuando se desarrollaron las campañas presidenciales de Humala, la normativa peruana aún no tipificaba de manera explícita el financiamiento irregular ni la receptación patrimonial —recibir, con conocimiento de su origen ilícito, dinero con fin de lucro— como formas de lavado de activos.
Keiko Fujimori, por su parte, enfrentó cargos por lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la Justicia y falsedad documental, derivados del financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016, que incluyeron un millón de dólares aportados por la constructora brasileña Odebrecht, además de otras firmas peruanas.
La lideresa fujimorista ingresó en prisión preventiva en octubre de 2018 y recuperó la libertad en noviembre de 2019 tras un fallo constitucional. Volvió a ser detenida en 2020 durante tres meses, aunque salió bajo fianza en el marco de la pandemia. Finalmente, su expediente fue archivado, bajo argumentos similares a los que anularon la condena de Humala.
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Foto Andina