Increíble: Gobierno reduce presupuesto 2027 para la lucha contra inseguridad ciudadana

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Keiko Fujimori presentó su primer proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027, contemplando un gasto total de S/ 266,506 millones, lo que representa un incremento del 3,5% con respecto al año anterior. Sin embargo, la distribución del gasto revela prioridades diferentes a las proclamadas: mientras el Gobierno afirma que combatir la delincuencia es su principal objetivo, el recorte en los fondos destinados a la seguridad ciudadana y el significativo aumento de la inversión militar cuentan otra historia.

Para el sector de Orden Público y Seguridad, se prevé una disminución en los recursos asignados, reduciéndose de S/ 15,857 millones en 2026 a S/ 15,338 millones en 2027. Esta reducción de S/ 519 millones, equivalente a un 3,3% menos, afectará directamente al programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos fondos pasarán de S/ 6,878 millones a S/ 6,494 millones. Este ajuste ocurre en un momento en que la población demanda mayor supervisión y eficiencia frente al crimen.

 

 

Así, el discurso sobre el combate al crimen del Ejecutivo parece discordar con la reducción del presupuesto, lo cual pone en duda el respaldo financiero necesario para cumplir sus promesas.

En contraste, los proyectos de inversión en Defensa verán un aumento sustancial, con fondos escalando de S/ 665 millones en 2026 a S/ 2,548 millones en 2027, marcando un incremento del 283%. El enfoque se centra en revitalizar proyectos estratégicos para las Fuerzas Armadas, como la recuperación operativa de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la mejora de la fuerza naval en el Callao y una nueva fase del plan maestro de la Base Naval del Callao y la industria naval.

 

 

Mientras el gasto policial pretende abordar la delincuencia urbana, estos proyectos militares buscan restaurar capacidades a largo plazo. A pesar de la necesidad de modernización militar, la seguridad ciudadana demanda respuestas inmediatas. Por lo tanto, el Gobierno queda en una posición que podría desencadenar debate debido al desequilibrio entre inversiones militares y las necesidades policiales.

El Ejecutivo tendrá que justificar por qué en un contexto de inseguridad creciente se priorizan las capacidades militares sobre el fortalecimiento inmediato de las fuerzas del orden.

 

 

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, considera esta decisión contradictoria respecto a los objetivos gubernamentales anunciados. «Es una contradicción enfrentar la inseguridad reduciendo el presupuesto para el sector Interior y la Policía. Se esperaba lo contrario para cubrir necesidades como tecnología, vehículos y acciones de inteligencia si el presupuesto se reduce», cuestionó.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, también critica el recorte del 3,3% en Orden Público como contradictorio ante el aumento de la criminalidad y los compromisos del oficialismo. «Sorprende reducir el presupuesto afectando el patrullaje policial y programas de seguridad esenciales para controlar la calle», opinó.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

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