En la última edición del “Consultorio Legal”, espacio digital de orientación jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (M,INJUSDH), el abogado Álvaro Neyra Castro, supervisor del Servicio de Defensa de Víctimas de la Defensa Pública del MINJUSDH, explicó que, en el marco de una investigación por extorsión, el agraviado puede solicitar las garantías necesarias para proteger su identidad, integridad y bienes.
El especialista señaló que el Código Procesal Penal contempla medidas de protección para las víctimas y que, con la orientación y patrocinio de la Defensa Pública, estas pueden ser solicitadas ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.
“Lo que hacemos es, al momento de recibir al ciudadano, entender en qué situación se encuentra y efectivamente formular la noticia criminal hacia la autoridad que va a iniciar la investigación, sea la Policía o la Fiscalía. Dentro de ese pedido, es que nosotros solicitamos, de acuerdo con lo establecido en la norma procesal, que se brinden las garantías necesarias para proteger la identidad, la integridad del denunciante o del agraviado y de sus bienes, si fuera necesario”, explicó.
Entre las medidas de protección que pueden solicitarse se encuentra la reserva del nombre del agraviado, con el propósito de evitar que su identidad sea expuesta durante el proceso de denuncia e investigación. Asimismo, ante situaciones de peligro inminente o latente, las autoridades pueden disponer otras medidas de protección, como el patrullaje policial del domicilio o del establecimiento comercial de la persona agraviada.