En el Congreso de la República, la contratación de personal de confianza está nuevamente bajo escrutinio. Un informe del portal El Foco ha reavivado una discusión que a menudo queda opacada por disputas políticas: los estándares de transparencia, idoneidad e integridad necesarios para quienes ocupan cargos financiados con fondos públicos.
La publicación se centra en trabajadores asociados con la bancada de Fuerza Popular, cuyos perfiles y antecedentes, de acuerdo con la investigación recopilada, merecen ser revisados minuciosamente. Entre estos casos se encuentra el hijo del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, una exfuncionaria de Migraciones vinculada a la fuga del exmagistrado César Hinostroza, una persona condenada por violencia doméstica grave, cuatro excongresistas, y otros empleados con antecedentes penales o policiales.
REPORTAJE | La bancada de Fuerza Popular ha contratado como asesores al hijo del ministro de Justicia, a una exfuncionaria vinculada con la fuga de César Hinostroza y a una condenada por intentar quemar a su pareja.
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Uno de los casos destacados es el de Ernesto Mario Álvarez Escudero, hijo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, contratado como asesor del senador Jacques Rodrich Ackerman con un salario de S/ 8,400.
El reporte también cuestiona la contratación de Elizabeth Du Bois Curcio, quien, según la investigación, no cuenta con título ni grado de bachiller registrados en la Sunedu y tiene una relación sentimental con un exfuncionario parlamentario.
Elizabeth Du Bois Curcio es coordinadora del despacho de la fujimorista Martha Chávez. Du Bois es miembro de la Coordinadora Republicana y en 2021 firmó la Carta de Madrid, un documento escrito por la Fundación Disenso, think tank de Vox, partido español de extrema derecha. pic.twitter.com/jrnlXH6Pzs
— Mataperrea (@Mataperrea) September 7, 2026
Du Bois se defendió públicamente a través de su cuenta en X, argumentando que posee más de seis años de experiencia en el Congreso y otras instituciones públicas y privadas. También menciona una especialización en la Universidad de San Martín de Porres y varios diplomados. Sin embargo, indica que tiene un trámite pendiente ante la Sunedu debido al cierre de la institución donde estudió. Es importante aclarar que estos aspectos son distintos: estudios en una institución, una especialización, un diplomado, un grado académico y un título profesional no son equivalentes y deben precisarse. Si hay un trámite pendiente, se debe explicar su naturaleza y documentar la formación invocada.
Otro individuo mencionado es Yojany Dominga Rujel Sullón, exfuncionaria de Migraciones y esposa del excongresista fujimorista Juan Carlo Yuyes. Según El Foco, Rujel lideraba al inspector de Migraciones en Tumbes durante la salida del país de César Hinostroza en 2018.
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Patricia Vinelli Ruiz, —hermana del ministro de agricultura, Marco Vinelli—, ha sido contratada como asesora de Fuerza Popular en el Senado.
Y hay más 🧵 pic.twitter.com/5n0UNNCpJ7
— Mataperrea (@Mataperrea) September 7, 2026
El informe también cita a Vilma Guevara Tapia, quien fue condenada a 52 jornadas de servicio comunitario por agresión e intento de incendiar a su expareja. Asimismo, identifica asesores con antecedentes o investigaciones previas. Entre ellos se menciona a Julio Matzuda Watanabe, exdirectivo de Aelucoop, institución intervenida y disuelta por la SBS tras registrar pérdidas superiores a S/400 millones.
Hay otra discusión igualmente válida: la idoneidad para desempeñar un cargo público. Aquí reside el verdadero desafío. Trabajar en el Congreso implica participar, directa o indirectamente, en decisiones que afectan a millones. Por tanto, no solo debe evaluarse la legalidad de una contratación sino si existen suficientes filtros para asegurar que quienes ocupan esos cargos cumplen con los requerimientos necesarios, demuestran su formación y no tienen conflictos de interés que puedan afectar la confianza pública.
Hoy en @ideeleradio
Regresan por más sueldo, más beneficios y, cómo no, muchos bonos.
Excongresistas, hijos, hermanas, esposa de ministros y exministros fujimoristas. Exasesores que se han pasado de la izquierda a la derecha y más.Aquí la izquierda y derecha son iguales… pic.twitter.com/t8DbaauOF5
— Carlos Viguria (@cviguria) September 8, 2026
Los parlamentarios pueden contratar personal de confianza dentro del marco legal. Sin embargo, la mínima legalidad no debería ser el límite de la responsabilidad pública. La ciudadanía merece saber quiénes son contratados, sus funciones, los requisitos que cumplen, lo que reciben del Estado y cualquier posible conflicto de interés que debería evaluarse antes de su contratación.
Es necesario que las instituciones competentes revisen los procedimientos de contratación para asegurar su conformidad con las normas vigentes. No se trata de perseguir nombres o convertir cada criticismo en una lucha partidaria, sino de verificar que el Estado actúa diligentemente antes de asignar poder y recursos públicos: validar la idoneidad de quienes los gestionan. En el Congreso, como en cualquier ente público, la confianza no se hereda ni se presume: se demuestra y se justifica.
Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter El Foco / Twitter Carlos Viguria
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