PJ ignora ley Rospigliosi y el Caso Trvko no pasa a fuero policial

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El Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió que el Caso Trvko debe seguir su curso en la justicia ordinaria. Esta decisión fue confirmada por Jener Cariga, abogado de los familiares de Mauricio Ruiz Sanz «Trvko», quien fue asesinado durante las protestas contra el gobierno de José Jerí.

Cariga explicó que el juez rechazó una solicitud presentada por la defensa del policía investigado para trasladar el caso al fuero militar policial. Esta discusión tuvo lugar pocas horas antes del inicio de la etapa intermedia del proceso, momento en el que generalmente se evalúa si la acusación fiscal está lista para proceder a juicio.

 

 

La solicitud de cambio de fuero fue presentada por el abogado del investigado, el suboficial PNP Luis Magallanes. Su defensa, encabezada por Estefano Miranda, argumentó que su cliente cumplía funciones policiales en el momento de los hechos, por lo que el caso debería ser manejado por jueces militares. Basó su argumento en la cusationada Ley 32735 (una de las llamadas leyes Rospigliosi) una norma que amplía los supuestos que califican como delito de función para policías y militares.

El juez no aceptó esta postura. Según Cariga, el magistrado consideró que la Ley 32735 contradice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Perú. El juez citó dos sentencias del Tribunal Constitucional que determinan cuándo un acto puede considerarse delito de función. En su opinión, la situación de Magallanes no encajaba en esa categoría.

 

 

La defensa no se dio por vencida y Miranda apeló la decisión durante la misma audiencia, aunque aún debe formalizar su recurso por escrito. Tiene un plazo de tres días para hacerlo. Una vez presentado, el caso será remitido a la Sala Superior, que decidirá finalmente si continúa en la justicia ordinaria o se traslada al fuero militar. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando en la vía ordinaria.

Cariga se mostró optimista respecto al resultado en segunda instancia. Su principal argumento es que Magallanes está siendo investigado por homicidio simple, no por una violación grave de derechos humanos, y que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido claramente que este tipo de delitos deben ser juzgados por jueces ordinarios. «Contamos con todos los argumentos», afirmó el abogado, añadiendo que espera que la Sala Superior confirme el fallo del juez de primera instancia.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

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