35 años de la masacre de Barrios Altos y la lucha inclaudicable por la memoria continúa

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El 3 de noviembre de 1991, el Jirón Huanta en Barrios Altos se convirtió en el escenario de una de las mayores atrocidades de la dictadura fujimorista, un hecho que cumple 35 años y que mantiene viva la exigencia de justicia frente a la impunidad.

Lo que debió ser una pollada benéfica vecinal para reparar el desagüe de una quinta terminó en una carnicería indiscriminada perpetrada por el Grupo Colina, el escuadrón de la muerte operativo bajo las sombras del régimen dictatorial de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

 

 

Una noche de terror irracional

Eran cerca de las 10:00 pm cuando seis encapuchados armados irrumpieron con fusiles equipados con silenciadores en el 840 del Jirón Huanta. Con la falsa premisa de que en el lugar se reunían integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, un escuadrón de aniquilamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) obligó a los asistentes a tirarse al suelo.

La orden fue fulminante y destructiva: abrieron fuego a quemarropa dejando más de 130 casquillos de bala. El saldo fue devastador: 15 personas civiles asesinadas y cuatro heridas de gravedad. Entre las víctimas se encontraba Javier Ríos Rojas, un niño de apenas 8 años de edad que murió al lado de su padre, Manuel Ríos Pérez.

 

 

El muro de la impunidad fujimorista

Tras la matanza, el gobierno desplegó un andamiaje legal y judicial para proteger a los asesinos. En 1995, el Congreso —completamente controlado por el fujimorismo— aprobó leyes de amnistía que pretendían archivar de manera definitiva el proceso contra militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos. A pesar de los valientes intentos de la jueza Antonia Saquicuray y la fiscal Ana Cecilia Magallanes por declarar inaplicables dichas normas, la dictadura fujimorista bloqueó sistemáticamente el acceso a la verdad.

Fue necesaria la caída de la dictadura en el año 2000 y un hito histórico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2001 para derribar las amnistías. La Corte IDH determinó que los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables, forzando la reapertura del caso en los tribunales peruanos.

 

 

Sentencia histórica y el estigma sobreviviente

La incansable batalla de los deudos rindió frutos en abril de 2009, cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Posteriormente, en 2010, Vladimiro Montesinos, Santiago Martin Rivas y la cúpula militar del Grupo Colina también recibieron condenas firmes.

A tres décadas y media del fatídico suceso, el dolor se transforma en memoria. Sin embargo, para sobrevivientes y deudos como Rosa Rojas, el trauma persiste no solo por la brutal pérdida, sino por los persistentes discursos de odio y el estigma de sectores radicales que históricamente intentaron criminalizar a las víctimas. Hoy el fujimorismo, a través del cuestionado Fernando Rospigliosi, emitió leyes para exculpar a los asesinaos y violadores de los DDHH. Barrios Altos no se olvida; es un recordatorio imperecedero de las consecuencias del terrorismo de Estado y la necesidad constante de defender la dignidad y la justicia en el Perú.

 

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Canal YouTube LUM

 

 

 

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