El secretismo y el negacionismo son dos de los peores males que cada día agravan más la salud moral del país. En estos momentos estamos viendo lo que sucede con Nadine Heredia, más conocida como la «primera dama». Ayer ocultó en todos los tonos la legitimidad de la propiedad de unas agendas. Ahora dice lo contrario, pero se reserva la autenticidad de las anotaciones que figuran en las mismas. Se trata de apuntes que dan cuenta de sumas, restas, multiplicaciones de algo que hace sufrir a muchos: el vil dinero. Sin embargo, no es la única persona dedicada a la política que tiene tan mala costumbre. Alan García Pérez no escapa a eso. Hay un rosario de acusaciones y de dudas sobre la sobresaliente riqueza que hoy ostenta. Fue presidente de la República en dos oportunidades y hasta ahora le acompaña la suerte de las prescripciones legales. Alejandro Toledo Manrique vive amarguras un tanto parecidas. Los brazos de la justicia lo reclaman respecto a una millonaria inversión inmobiliaria, entre otros etcéteras. Fue presidente de la República una vez y trata goloso, de repetir el plato. Keiko Sofía Fujimori está marcada también por una serie de interrogantes, comenzando por los gastos en moneda extranjera que demandaron sus estudios universitarios. Tiene deudas informativas sobre el orígen de algunos ingresos que no se saben de dónde provienen.¿De la generosidad de los tíos refugiados en Japón? ¿De la caja chica que esconde celosamente su padre y no precisamente en la celda del fundo Barbadillo? ¿De los testaferros que custodian el dinero malhabido durante la gestión de su alter ego?.
La práctica del secretismo o sea la de guardar bajo siete llaves la información de interés público no es una novedad en nuestro medio. La historia recoge episodios ingratos desde el nacimiento de la República, pasando por los pasajes desleales registrados durante la Guerra del Pacífico y el empoderamiento de una democracia subdesarrollada o tercermundista que alcanzó los niveles más elevados durante la era del fujimorismo. Simultáneamente hay una similitud con la tradición del negacionismo, que no es otra cosa que ponerle vallas insalvables a la información que es de interés ciudadano. La pretensión de colocar cerraduras infranqueables a hechos sobre malos manejos de los recursos del Estado, como a las irregularidades de toda naturaleza que hacen sospechar que la corrupción campea y que la misma podría hacer tambalear a políticos de aparente y acrisolada honestidad, ya no es una simple murmuración. Se toca y es una realidad.
Los políticos de estos tiempos han aprendido los malos ejemplos de sus mayores o predecesores. Ni estos ni los otros entendieron que la relación humana constituye una acción social inherente a todo ser inteligente y es la clave de una buena convivencia. Por lo tanto, de todo lo relacionado con el desarrollo político, social y económico. Por eso resulta repudiable que cada cierto tiempo hayan personajes que en el Congreso de la República traten de introducir en la normatividad jurídica instrumentos legales para institucionalizar la cultura del secretismo y del negacionismo. Ambos son dañinos porque despojan a la ciudadanía de su derecho a estar bien informado y alientan entre periodistas sin ética esa suerte de periodismo de conjetura. Tales iniciativas, como la que hace pocas semanas presentó el legislador Velásquez Quesquén y antes sus colegas Alberto Beingolea y Bedoya de Vivanco, hacen pensar que en realidad lo que buscan es retornar a los tiempos virreinales o a los siglos pasados de la era republicana, cuando la ciudadanía se caracterizaba por ser una masa sorda y silenciosa, privada del conocimiento y del uso del bien común, ese bien que es propiedad de todos los peruanos.
No hay que ser adivinos para advertir que otros tantos políticos comparten las mismas intenciones. Lo ocurrido con el legislador Abugattas y su suspensión por 120 días es una prueba de ello. ¿Era acaso indispensable sostener una sesión secreta cuando de por medio se discutía el comportamiento de un congresista que irrespetó los derechos de una trabajadora en estado de gestación? No, por supuesto. Es evidente que para esos sujetos el periodismo molesta, que los medios incomodan y, por lo mismo, todo vale cuando se trata de reducir al mínimo la tarea social de quienes al amparo de la libertad de prensa, cumplen con el deber de informar con la verdad de los hechos.
La cultura tanto del secretismo como la del negacionismo no debe avanzar en un país como el nuestro que tiene hambre de verdadera democracia. Habrá, estoy seguro, un tiempo nuevo cuando el pueblo agite las banderas de la libertad de pensamiento y de expresión y sancione a quienes quieren restarle tales derechos. El pueblo reclama la verdad de cuanto afecta el camino de un buen gobierno.