El fiscal Andrés Cáceres pidió hoy miércoles siete años y seis meses de prisión para Rómulo León Alegría por el Caso Petroaudios, durante una audiencia pública desarrollada en la Tercera Sala Penal Liquidadora.
El representante del Ministerio Público solicitó, asimismo, que se inhabilite por tres años en el ejercicio de la función pública a Rómulo León Alegría.
Al exministro del primer gobierno aprista se lo acusó por el delito de tráfico de influencias, instigador de cohecho pasivo y cómplice primario por delitos contra la administración pública.
El Ministerio Público solicitó a su vez seis años de prisión privativa y la inhabilitación por tres años contra Lucio Carrillo Barandiarán, Liliana Callirgos Ruiz, Elmer Martínez Gonzales, Wiinston Wusen Sam, José Sebastián Calvo, Daniel Saba de Andrea, César Gutiérrez Peña y Miguel Celi Rivera por delitos contra la administración pública.
Asimismo, el pago por 5 millones de soles por concepto de reparación civil para todos los procesados.
El noruego Jostein Kar Kjerstad, relacionado con la empresa Discovery Petroleum, fue acusado de ser instigador de delito de tráfico de influencias y cómplice primario de cohecho pasivo.
En la audiencia, el fiscal advirtió una serie incumplimientos de parte la empresa noruega Discovery Petroleum Internacional (DPI) respecto a los requisitos para participar de la licitación de un conjunto de lotes petroleros, así como incongruencias en cuanto a la representación de su filial en Perú.
Asimismo, la participación de León Alegría en el proceso comprendido en el 2008 y difundido el mismo año con la revelación de una conversación telefónica, grabada subrepticiamente por la empresa Bussines Track (BTR).
En otro momento, el magistrado que presidente el tribunal superior encargado del caso, Ricardo Brousset, declaró a Daniel Saba de Andrea como reo contumaz por no haber asistido a la audiencia.
Sin embargo, no se dispuso una orden de captura “a la espera que se incorpore al proceso el próximo lunes”.
En la audiencia realizada en el edificio Carlos Savala del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría expusieron sus acusaciones y los alegatos competentes en el caso.
Foto Andina