La legisladora Verónika Mendoza pidió hoy al Congreso no aprobar el nuevo Código Penal tal como se encuentra, porque mantiene la penalización del aborto en casos de violación y agrava las condenas para otras ocurrencias de interrupción del embarazo, lo que constituye un atentado al derecho de las mujeres.
La ex candidata presidencial dijo que el 34 % de las mujeres que denuncian una violación se encuentra embarazada y que el 29 % de los decesos de mujeres tiene que ver con abortos clandestinos.
“Cómo es posible que el Congreso sea cómplice de la muerte de estas mujeres, esperamos, exhortamos al Congreso a que no apruebe el Código Penal así como está”, sostuvo en conferencia de prensa.
Recordó que el dictamen del nuevo Código Penal aprobado por la Comisión de Justicia sanciona con trabajo colectivo a las mujeres que interrumpan un embarazo producto de una violación y crea la figura de aborto imprudente, que también es sancionado.
Verónika Mendoza, junto con el parlamentario Sergio Tejada presentaron hoy un dictamen en minoría sobre el nuevo Código Penal, que abre la posibilidad de volver a discutir el aborto por casos de violación, aun cuando un proyecto en ese sentido fue archivado.
El dictamen en minoría cuenta con el respaldo de organizaciones como Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la campaña Déjala Decidir, Demus, el movimiento Manuela Ramos, Flora Tristán, el foro Salud, entre otros.
Los estudios de la hija del exdictador
La lideresa del Frente Amplio, por otro lado, juzgó oportuno que se vuelva a indagar cómo se financiaron los estudios de la candidata Keiko Fujimori, frente a las versiones contradictorias que se han dado sobre el tema.
“No fue investigado hasta el final porque el delito prescribió, no se puede decir que ha sido absuelta. Ahora que se ponen en evidencia las versiones contradictorias es oportuno que se abra una investigación para determinar de dónde provino el financiamiento, aunque muchos sabemos que vino del SIN y que lo dio Vladimiro Montesinos”, apuntó.
También consideró que si el gobierno de Brasil invitó de manera formal a la Presidencia de la República para un viaje oficial a ese país, no correspondía que la Primera Dama integrara la comitiva.