El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la jueza Zaida Pérez Escalante, dispuso la prolongación de la medida de prisión preventiva por siete meses del suspendido presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero.
El fallo indica que esta nueva ampliación de la medida se computará desde el 24 de julio de 2016 hasta el 23 de febrero del 2017.
La magistrada dispuso que se comunique la decisión al director del establecimiento penal Ancón I, donde se encuentra recluido dicho investigado, así como a la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de que cumplan con el mandato judicial.
En su resolución, la doctora Pérez Escalante, señala que en este caso se cumplen los requisitos para disponer la prolongación de la prisión preventiva por siete meses hasta completar los 18 meses, que establece el artículo 274.1 del Código Procesal Penal para procesos complejos.
Cabe indicar que Gregorio Santos Guerrero se encuentra detenido desde el 25 de junio del 2014 en cumplimiento de una orden de prisión preventiva por 14 meses que se cumplió en agosto del 2015.
A partir de esta fecha se le dictó la primera prolongación por 11 meses que se cumple el 24 de julio próximo. A este plazo, se sumarán los siete meses aprobados por la magistrada.
La jueza fundamenta su fallo en el hecho de que el proceso se encuentra en la fase intermedia de control de acusación, la cual está demandando un tiempo mayor al previsto debido a su complejidad, por lo que resulta necesario asegurar al acusado con mandato de prisión preventiva hasta que se resuelva su situación jurídica en juicio oral.
Asimismo, considera que continúa el peligro de fuga detectado inicialmente, debido a la pena grave de 24 años de pena privativa libertad que se le impondría, de acuerdo con el requerimiento formulado por el Ministerio Público.
La doctora Pérez Escalante señala, además, que aún existe el peligro de obstaculización de la actividad probatoria por parte de Gregorio Santos Guerrero, porque a pesar de estar en la cárcel mantiene injerencia en el Gobierno Regional de Cajamarca.
ANDINA