SAN SALVADOR.- El arzobispo de la capital salvadoreña, José Luis Escobar Alas, mostró hoy, durante la celebración de la eucaristía en honor al Divino Salvador del Mundo, su satisfacción por la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 el pasado 13 de julio, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional la amnistía vigente desde 1993 porque “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas”.
Escobar Alas aseguró que se “palpa todavía” el dolor de las víctimas de la guerra civil (1980-1992), “porque siguen sangrando sus heridas” y consideró que con la decisión de la CSJ puede llegar la “reparación”.
El arzobispo hizo un llamamiento a la Asamblea Legislativa para que cree las disposiciones legales que permitan la “justicia transicional para los casos atroces de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y para que haya la debida justicia restaurativa en favor de las víctimas”.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone que se puedan retomar o abrir procesos judiciales en los 32 casos de crímenes de guerra plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas, atribuidos al Ejército y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El documento recoge casos como el de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989) y de unos 1,000 campesinos en El Mozote (1981) y el magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.
El Constitucional también estableció la posibilidad de investigar otros casos que estén fuera del informe que se puedan considerar como delitos de lesa humanidad.
Algunos sectores de la sociedad salvadoreña aseguran que la inconstitucionalidad “arrastra” al país al pasado y que “reabre viejas heridas”, mientras que para otros, principalmente organizaciones de víctimas, es el inicio real de la “reconciliación”.
La guerra civil (1980-1992) que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla del FMLN se saldó con unos 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.