Toda una joyita. Al menos su exposición pública no la ayuda y más bien la presenta como la menos recomendable. Esto en referencia a la futura congresista Karina Beteta Rubín, quien en los próximos días debe de reemplazar a Alejandro Yovera, el zamarro legislador que está con un pie en la calle, como consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que lo considera culpable de haber engañado nada menos que al Jurado Nacional de Elecciones con una hoja de vida en la que puso títulos universitarios que no se ajustan a la verdad.
De Karina Beteta se dicen muchas cosas. Ella es abogada y por supuesto se defiende de todas las acusaciones, algunas muy graves que podrían empañar la imágen del Poder Legislativo, de por sí ya desteñida por la frecuencia de escándalos, anarquía e impertinencias que fomentan tanto los representantes del oficialismo como de la oposición. En cuanto a eso, en términos deportivos, podríamos decir que están empatados. Pero sigamos con la historia de doña Karina. Ella postuló a la reelección como número uno de la lista fujimorista de Fuerza 2011, en Huánuco. Quería repetir el plato que ya había logrado en el 2006 con la camiseta de Unión por el Perú. Ahora prefería la de color naranja. Pero no lo consiguió y eso que gastó sus buenos soles en la campaña previa. En el camino se le interpuso Yovera, quien finalmente se sentó cómodamente en el escaño parlamentario.
La Beteta en realidad ya presentía que no tenía las de ganar. Le echó la culpa al periodismo y textualmente le dijo amenazante a una reportera: «Si pierdo las elecciones a causa de lo que ustedes publiquen, los voy a denunciar». Para ese entonces había interés en saber hasta qué punto estaba involucrada en las investigaciones por presunto lavado de dinero del narcotráfico que seguía la Cuarta Fiscalía Penal de Lima. «Eso es una patraña, una persecución política. En el 2009, el fiscal de la Cuarta Fiscalía de Crimen Organizado, Luis Arellano Martínez, archivó una investigación que se seguía contra mí y mis familiares. La Policía Antidrogas no me encontró nada», manifestó en forma resuelta. Sin embargo lo expresado era una media verdad. El 24 de febrero del 2009 la policía antinarcóticos no la responsabilizó, en tanto que sí a su cuñado, Luis Egoávil García, cónyuge de su media hermana Luz Atencia Rubín. Se trataba de alguien con un largo recorrido en ese menester delictuoso. La policía llegó a la conclusión que el citado cuñado tenía antecedentes desde 1983 como integrante de una organización internacional. Era todo un experto en la producción, acopio, comercialización y exportación de cocaína.
Pero la historia no termina ahí. El 10 de febrero del 2010 la titular de la Cuarta Fiscalía Penal de Lima, advirtió deficiencias en las pesquisas policiales y dispuso una ampliación de las mismas que incluyó a Karina Beteta. El fiscal del Crimen Organizado, Luis Arellano Martínez, según una publicación de la época se encargó de archivar la citada investigación contra ella y sus familiares, hecho que motivó el reclamo de la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, quien interpuso queja al respecto. La futura reemplazante de Yovera también tuvo una reacción nada plausible. Por un lado reconoció que era sujeto de investigación, pero apelando a su experiencia, calificó la investigación como una acción arbitraria e improcedente, que se consideraba investigada y limpia de toda acusación y que la actitud de la titular de la Cuarta Fiscalía Penal de Lima no era otra cosa que una manifestación de incompetencia e incapacidad.
La bronca de Karina Beteta contra la mencionada titular de la Cuarta Fiscalía Penal de Lima, Clara Tecco, tenía sus antecedentes. El 13 de julio del 2000 había resuelto indagar hasta qué punto existía responsabilidades en la actuación de la congresista, quien como abogada de su hermana Luz Atencia Rubín, había suscrito una Solicitud de Ausencia para declarar como «desaparecido» desde el 13 de julio de 1995 a su cuñado, el buscado narcotraficante Luis Egoávil García. Este se había escabullido de las manos de la justicia, dos años después que se le declarara prófugo por un caso de tráfico ilícito de drogas.
El atestado N° 016-DA-JSERC, de la División de Investigación Criminal de la Subregión Callao, acusaba a Egoávil García de propietario de un cargamento de 34 kilos de cocaína y que originó la carcelería de uno de sus hermanos, César Egoávil García, el mismo que estaba también señalado por las autoridades como uno de los acopiadores de la droga que se encontró en el avión presidencial, el 11 de mayo de 1996, durante el régimen gubernamental de Alberto Fujimori Fujimori.
Estas son algunas de las sombras que acompañan el andar de Karina Beteta. La eclipsan y de paso pone nubarrones al escaso prestigio político que tiene la bancada fujimorista en el Congreso de la República. Existe una tercera versión que la involucra en estos casos, incluyendo el de presunto lavado de activos. El titular de la Tercera Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, Walter Milla López, derivó una investigación sobre el particular a la Fiscalía Antidrogas de Huánuco. Nuevamente Beteta Rubín dijo que todo era mentira, que el caso había sido archivado. Mintió, porque el mismo fiscal declaró luego que el caso seguía en pie.
Como es de advertir el nuevo refuerzo de la bancada fujimorista no es una pieza muy recomendable. Hay mucho que hablar al respecto. Todavía se tiene presente que el 16 de febrero ella remitió una carta a un diario local afirmando que su cuñado Luis Egoávil García estaba «muerto», contradiciendo así lo dicho en un documento anterior donde decía que el presunto finado en realidad había desaparecido el 13 de julio de 1995. Cuando le preguntaron por qué daba por fallecido a su pariente, simplemente le echó la culpa al tiempo transcurrido, suficiente, agregó, para considerar que tenía que ser así.
He mencionado este pasaje de la vida política del país, no tanto por el reciente escándalo protagonizado por los actuales parlamentarios, sino más bien porque ya es tiempo que se ponga fin a una situación intolerable, ocasionada por gente que en repetidos casos carece de las credenciales personales necesarias para oficiar de representantes del pueblo. No hay que olvidar que falta poco más de un año para que la ciudadanía delegue su mandato para un nuevo Congreso. Pregunto, si en esa oportunidad cívica ¿logrará elegir a personas idóneas para tan delicada e importante función? Ojalá que así sea. La duda me acompaña. Esto porque en la Comisión de Ética del Congreso de la República todavía están pendientes de respuesta una serie de señalamientos sobre hojas de vida fraudulentas, tráfico de influencias, proselitismo político con dinero del fisco, lavado de activos, etc.¿Quedará todo eso impune? Muchos dirán que sí. Ya ocurrió en otras oportunidades. Pero no hay que perder la fe. Ojalá que la citada Comisión y los mismos parlamentarios alegosos que ahora reclaman el desafuero de un mentiroso, hagan espíritu de cuerpo y reclamen una sanción igual para quienes están manchando el honor del primer poder del Estado.