La magistrada peruana Marianella Ledesma afirmó hoy que en su país se plantea un escenario golpista luego que el Congreso, que domina la oposición fujimorista, abriera una investigación contra 4 miembros del Tribunal Constitucional (TC).
“Definitivamente, si yo busco descabezar, descontrolar a las instituciones que garantizan los derechos fundamentales y el orden constitucional, de hecho que sí podría sostener que estamos trabajando un escenario golpista para legitimar situaciones que a futuro se podrían dar”, declaró Ledesma en el canal N de televisión.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el viernes pasado investigar al presidente del TC, Manuel Miranda, y a los magistrados Carlos Ramos, Eloy Espinosa y Marianella Ledesma, por la presunta comisión del delito de prevaricación.
La decisión se tomó al acoger una demanda de un grupo de exmiembros de la Marina de Guerra investigados por la llamada “masacre de El Frontón“, cometida en 1986, quienes consideran que el TC violó el principio de “cosa juzgada” por haber devuelto la condición de lesa humanidad a ese proceso.
El TC emitió en marzo pasado una resolución que corrigió un fallo del 2013 que había determinado que el caso, en el que murieron más de cien presos por terrorismo que se habían amotinado, no podía ser considerado como un crimen de lesa humanidad.
La Comisión Permanente del Congreso dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para hacer una investigación y emitir un informe sobre el caso.
Ledesma dijo hoy, al respecto, que el caso El Frontón aún está en pleno proceso y que en 2013 el TC no alcanzó la mayoría de cuatro votos necesarios para pronunciarse sobre el tema de fondo.
“Se crean historias ficticias como decir que se ha vulnerado la cosa juzgada, como para direccionar y justificar en la opinión pública las decisiones que ellos están tomando”, añadió.
La magistrada aseguró que los miembros del TC se están enfrentando a “un grupo que es la mayoría congresal y (eso) no es poca cosa”, en referencia a la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, que ocupa 71 de los 130 escaños del Parlamento.
“Acá lo que está haciendo el Congreso es controlando nuestras decisiones jurisdiccionales y, entonces, mejor cerremos el Tribunal y será el Congreso el que tendría que decidir las situaciones de la justicia en nuestro país”, enfatizó.
Ledesma consideró que la intención es afectar a “todas la instituciones que puedan servir para sustentar derechos fundamentales y mantener un orden constitucional” en su país.
“Todo escenario que permita que los ciudadanos puedan hacer respetar sus derechos… se está pretendiendo ahora, entre comillas, controlar bajo el argumento de las acusaciones constitucionales“, dijo.
Ledesma confirmó que, ante esta situación, los magistrados han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que, según recordó, el caso El Frontón está siendo investigado por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Hemos ido a la comisión para pedir un acompañamiento, para que exista una supervigilancia de este proceso de acusación constitucional porque, desde ya, hemos dicho que hay indicios muy razonables de que se pretende utilizar este proceso para generar una especie de amedrentamiento contra los jueces del Tribunal Constitucional”, sostuvo.
La magistrada aseguró que la independencia de los tribunales “hay que defenderla” y recordó “el antecedente nefasto histórico” de la destitución de magistrados del Constitucional por el Congreso en 1996, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
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