BRUSELAS.- A través de sus abogados el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó al Reino de España de cometer “violaciones sistémicas” del derecho europeo, contra la “minoría catalana, sus movimientos que buscan la independencia regional y sus representantes.
Esta nueva demanda se presentó sen el proceso contra el juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, cuyos defensores para incluyeron al Reino de España para que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En las vistas preliminares del caso, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó además que España pudiera personarse en la causa, una petición que prosperó y que los abogados de Puigdemont y de los otros cuatro políticos catalanes huidos con él a Bélgica han interpretado como una oportunidad para demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo.
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España se personó de forma “voluntaria” en esta causa argumentando que los actos imputados a Llarena eran “actos de uno de sus órganos”, de modo que el Reino de España pretende “asumir la responsabilidad de los actos de su órgano” y permiten a los catalanes que “amplían su demanda”, según explica el escrito de la defensa de los políticos independentistas al que ha tenido acceso Europa Press.
El equipo de Puigdemont y los cuatro exconsellers presentaron estos alegatos el 13 de marzo y en próximas fechas le corresponderá a la otra parte presentar los suyos, en el marco de un proceso que se prevé largo porque incluirá varias rondas de intercambio de argumentos.
Los demandantes, además, cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.
Así, apuntan que dado que los actos que denuncian constituyen “violaciones” del derecho de la UE se puede reclamar responsabilidad al Reino de España y a sus órganos y señalan “el principio de la responsabilidad civil de los Estados miembros por el cargo de una violación del derecho de la UE.