ESTRASBURGO/Francia.- La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó este jueves un proyecto de resolución en el que insta a España a “considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional” de octubre de 2017.
El texto tendrá que ser debatido en el pleno de la APCE que se celebrará entre los días 21 y 24 de este mes, y en el mismo se pide también a España la reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de rebelión y sedición para que no den lugar a “sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”.
Según informaron a Efe fuentes de la APCE, los parlamentarios socialistas y populares de la delegación española presentaron una enmienda conjunta y varias por separado a la resolución, que no salieron adelante.
El texto reclama también al gobierno español que inicie “un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de las fuerzas políticas de Cataluña”.
El proyecto de resolución del informe lleva por título “¿Debería juzgarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?”, su ponente es el parlamentario letón Boriss Cilevics, y analiza la situación de la libertad de expresión política en España y Turquía.
Cilevics protagonizó un polémico viaje a Madrid y Barcelona en febrero de 2020, donde mantuvo encuentros tensos con fiscales del juicio del “procés” y parlamentarios catalanes.
El proyecto de resolución admite que algunos de los independentistas presos fueron condenados, además de por organizar un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, por “desvío de fondos públicos”, pero recuerda que ningún condenado “hizo uso de la violencia”.
El texto apuesta también por “la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes residentes en el extranjero que sean buscados por los mismos motivos”, en alusión, entre otros, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española y establecido en Bélgica desde octubre de 2017.
Además el proyecto de resolución solicita que “decaigan los juicios pendientes a los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017”, y propone “iniciar un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de las fuerzas políticas de Cataluña”.
El Consejo de Europa, que no forma parte de la Unión Europea, defiende la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en sus 47 países miembros, entre los cuales figuran países como Rusia y Turquía.
Su Cámara parlamentaria reúne a 324 diputados y senadores de esas naciones, que aprueba resoluciones a los Estados y recomendaciones al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión de la organización. EFE