El Tribunal Supremo de Brasil anunció que aceptó una denuncia penal por supuesta corrupción contra el diputado Paulo Pereira da Silva, quien desde hace meses exige la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidente Dilma Rousseff.
Da Silva, presidente del partido Solidaridad (SD) y de la central obrera Força Sindical, ha sido acusado de crímenes contra el sistema financiero, lavado de dinero y asociación ilícita por un caso que se remonta a 2007, explicó la máxima corte.
Según sostiene la Fiscalía, que presentó la acusación, el líder sindical y parlamentario obtuvo en la época beneficios personales de desvíos registrados en préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para el municipio paulista de Praia Grande.
El diputado siempre ha negado su responsabilidad en esos hechos y afirmado que quienes incurrieron en esas irregularidades “usaron” su nombre para facilitar los negocios, en los que garantiza que no tuvo participación alguna.
El partido SD, nacido de la central de sindicatos Força Sindical y presidido por Da Silva, es uno de los promotores de un posible juicio político con miras a la destitución de Rousseff, a quien responsabiliza por las corruptelas en la estatal Petrobras.
Según el diputado, si no hubo una responsabilidad directa, al menos Rousseff fue “omisa” frente a una red de corrupción que, de acuerdo con la propia Petrobras, se apropió en forma indebida de unos 2.000 millones de dólares durante la última década.
Aunque otros parlamentarios y grupos sociales también exigen la apertura de un juicio político contra Rousseff, hasta ahora no han encontrado eco en los partidos mayoritarios, sobre todo porque no han aparecido las razones jurídicas que, según la Constitución, son indispensables para un proceso de esa naturaleza, reporta infobae.com