La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó dar curso a la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el exmandatario Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con cohecho pasivo propio e impropio.
La decisión se tomó con seis votos favorables, dos negativos y dos abstenciones en la comisión que dirige la legisladora Lady Camones (APP), tras analizar el reporte de evaluación de la mencionada acusación.
El expediente señala que los supuestos actos de corrupción contra la administración pública se habrían desarrollado durante 2021 y 2022, período en el que Castillo Terrones habría requerido y obtenido cantidades monetarias del ministro Alvarado López para diferentes propósitos.
Estos incluyen la movilización de ciudadanos como respaldo a su administración, el financiamiento de sus familiares, la influencia en las votaciones de vacancia presidencial y la presunta corrupción de magistrados en procesos contra sus parientes y colaboradores próximos.
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Adicionalmente, se imputa a Alvarado López haber demandado dinero a la empresaria Sada Goray a cambio de cambios en el directorio del Fondo Mi Vivienda y la adjudicación irregular de 376 millones de soles junto con beneficios para su compañía Marka Group.
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Respecto al exministro Chero Medina, en su rol como exministro de Justicia y Derechos Humanos, habría requerido y obtenido recursos económicos por el nombramiento de la Superintendencia de Registros Públicos favoreciendo los intereses de la misma empresaria.
Posteriormente, por carecer de fundamentos suficientes fue rechazada la acusación presentada por el ciudadano Celso Anaya contra los miembros del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, Luis Gutiérrez y César Ochoa, por presunta violación constitucional y posible comisión de delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
De manera similar, por no acreditar ser directamente afectada, tuvo el mismo destino otra acusación interpuesta por la ciudadana Patricia Tubilla contra los exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De La Haza, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry, María Zavala y Marco Falconi.
En otra instancia, una propuesta de reporte de acumulación de las denuncias constitucionales 478 y 574 fue respaldada de manera unánime con siete votos favorables, al tratarse del mismo tema e idéntica conexión. Se refiere a la acusación interpuesta por la congresista Patricia Chirinos contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por presunta violación constitucional y otros delitos. A esta se agregó la del congresista Alejandro Muñante (RP) y otros de su bancada.
Otorgan plazos excepcionales para ejercer defensa legal
En el transcurso de la sesión, la presidenta de la subcomisión otorgó cinco días hábiles de plazo excepcional solicitados por la denunciada expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para garantizar su defensa frente a las acusaciones en su contra. La misma situación se presentó con el exministro de Educación, Rosendo Serna Román.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante su presidenta, informó sobre el ingreso de 17 nuevas denuncias constitucionales. Entre estas figuran acusaciones contra el expresidente Pedro Castillo, la fiscal de la nación Delia Espinoza, la exfiscal de la nación Patricia Benavides, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y diversos exministros de Estado.
También incluyen acusaciones contra legisladores, entre ellos Guido Bellido Ugarte (PP), Roberto Helbert Sánchez Palomino (JPP-VP-BM) y Lucinda Vásquez Vela (JPP-VP-BM).
Foto Andina