La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP), ha registrado cuatro incidencias en las que han resultado afectados al menos 6 periodistas los días 7 y 8 de diciembre en el contexto de las movilizaciones sociales por la actual coyuntura política.
Tras el mensaje del exmandatario Pedro Castillo quien anunció la disolución del Congreso de la República y reorganización de otras instituciones del Estado, la votación de la vacancia presidencial y la toma de posesión de Dina Boluarte como presidenta de la República, la ANP ha documentado ataques que afectaron la cobertura periodística en Lima y Apurímac.
ANP rechaza agresión de manifestantes a periodista Josefina Townsend
Entre estos se produjeron, en Apurímac, el hostigamiento con subsecuente impedimento de cobertura que vivieron Analí Andrade, corresponsal de RPP, Carlos Peña, enviado especial de ATV y Edwin Ramírez, de América Televisión; mientras que en Lima, la agresión física y verbal sufrida por la periodista Josefina Townsend, del programa periodístico multiplataforma Sálvese quien Pueda, la agresión que sufrió Maricé Vegas, de Latina TV, a la salida de Aníbal Torres de la sede del Ministerio Público; y los ataques de simpatizantes castillistas a periodistas de diferentes medios en las inmediaciones de la DIROES.
Estos hechos demuestran, una vez más, que los riesgos para periodistas se eleva en contextos de cobertura de protesta social. En razón a ello, la ANP recuerda lo prescrito por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala en su informe “Protesta y Derechos Humanos (INF22/19): “debe tenerse especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotorreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad; la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente” (355).
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú mantiene activo su Observatorio de Libertad de Expresión para documentar y denunciar los ataques contra trabajadores y trabajadoras de la prensa que pudieran producirse durante la cobertura de las movilizaciones sociales en todo el territorio nacional.