La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales validó el documento final de la denuncia que plantea la destitución por 10 años de Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela del ejercicio de funciones públicas.
Los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza presentaron esta iniciativa, que fue respaldada con 9 votos positivos, 2 negativos y 2 abstenciones.
El documento acusa a los fiscales de presunto abuso de poder, falsedad en documentos, prevaricato y posible instigación en la usurpación de labores policiales. La acusación centra su argumento en la Resolución 2246-2024, mediante la cual se autorizó un reglamento que habría violado la Ley 32130.
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Esta Ley modifica el Código Procesal Penal para reforzar la pesquisa delictiva como responsabilidad de la Policía Nacional del Perú y acelerar los juicios penales. El congresista Jorge Montoya Manrique fue el encargado de redactar el informe final de esta denuncia de carácter constitucional.
En paralelo, la Subcomisión presidida por Lady Camones evaluó otros procesos constitucionales. Aprobó el dictamen sobre la denuncia 645 presentada por la fiscal nacional Delia Espinoza Valenzuela contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros José Gavidia Arrascue y Dimitri Senmache Artola, por la presunta comisión de negociación incompatible con sus cargos u aprovechamiento indebido de los mismos.
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⚖️ Otros casos bajo análisis de la Subcomisión
El cuestionamiento se fundamenta en la designación irregular de Roberto Burgos del Carpio y Arturo Giles Ferrer como integrantes de la máxima corte militar policial, realizada sin evaluación adecuada de calificaciones y sin la propuesta correspondiente del ámbito Policial Militar.
Asimismo, fue desestimada la denuncia 623 presentada contra 11 congresistas, entre ellos Martha Moyano, Héctor Ventura y Milagros Jáuregui, por presuntamente haber infringido artículos constitucionales al votar para cerrar denuncias contra la expresidenta Dina Boluarte por fallecimientos ocurridos en las protestas de 2022 y 2023.
Finalmente, se asignó al congresista Elvis Vergara Mendoza la denuncia constitucional en contra del exministro Pedro Francke Ballvé y la exjefa de Consejo de Ministros Mirtha Vásquez Chuquilín por presunta violación de normas constitucionales y posible práctica indebida de la profesión legal.
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