Archivan 47 leyes del anterior Congreso que contemplaban aumentos de salarios y bonos

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Un total de 47 autógrafas de ley provenientes de la anterior legislatura fueron archivadas por el Congreso bicameral debido a que contenían disposiciones con impacto en el presupuesto público. Esta decisión dejó sin avance propuestas relacionadas con incrementos salariales, bonificaciones, nombramientos de trabajadores estatales y modificaciones en diversos regímenes de pensiones.

Entre las iniciativas archivadas se encontraban ajustes en las escalas salariales para los trabajadores de la Contraloría General de la República y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quienes se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

 

 

También se dejaron de lado propuestas que planteaban bonificaciones para el personal administrativo del sector Educación y docentes, incluyendo beneficios relacionados con la preparación de clases, evaluaciones y desempeño laboral.

De igual manera, se excluyeron proyectos que proponían integrar a los trabajadores contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen del Decreto Legislativo 728.

Asimismo, quedó fuera una iniciativa que buscaba un nombramiento excepcional para docentes contratados en educación básica regular. Estas propuestas pretendían modificar las condiciones laborales de varios sectores de trabajadores estatales, pero no prosperaron debido a observaciones vinculadas al impacto en las finanzas públicas.

 

 

En el ámbito previsional, se archivaron iniciativas que proponían cambios en el régimen de pensiones para militares y policías, ajustes al Sistema Nacional de Pensiones y la eliminación de disparidades en el acceso a la pensión por viudez.

El conjunto de proyectos también incluía propuestas sobre los aportes previsionales y de salud de los trabajadores públicos. Entre estas figuraban la progresiva homologación de los aportes a EsSalud y la provisión de atención integral al personal del servicio militar voluntario.

La decisión se fundamenta en una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 16 de junio de 2026, correspondiente al Expediente 00018-2023-PI/TC. Este fallo estableció como criterio vinculante que corresponde al Poder Ejecutivo ejercer las competencias constitucionales en cuanto a iniciativas de gasto público. En consecuencia, el Congreso no puede promover libremente medidas que generen o incrementen compromisos presupuestarios sin respetar estos límites.

 

 

Según la información publicada, existían en total 163 autógrafas pendientes de trámite, de las cuales 47 fueron observadas por razones relacionadas al gasto público.

De acuerdo con el reglamento del Congreso, las autógrafas aprobadas durante el periodo unicameral y observadas por el presidente de la República hasta el 26 de julio de 2026 deberán ser tramitadas nuevamente como iniciativas legislativas, una vez que el Senado y la Cámara de Diputados hayan sido instaurados.

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

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