BUENOS AIRES (Argentina).- Por primera vez en Argentina, una vicepresidenta electa, Cristina Fernández, se ha sentado en el banquillo de los acusados para declarar en su primer juicio por presunta corrupción, en el que volvió a acusar al Gobierno saliente de Mauricio Macri de impulsar una persecución judicial contra ella.
La expectación que rodea siempre la llegada a los tribunales de la líder kirchnerista, que está procesada en varias causas por presuntos delitos durante su mandato como presidenta (2007-2015), se acrecentó este lunes al ser la primera vez que acude tras ganar el 27 de octubre las elecciones junto a su candidato a presidente, el también peronista Alberto Fernández.
“Esta causa no tiene sustento”, aseveró la imputada ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, en una exposición que duró más de tres horas y que contó entre el público con simpatizantes como algunas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En el juicio, que comenzó el 21 de mayo pasado -apenas tres días después de que Cristina anunciara su candidatura electoral- y en el que la exmandataria no había sido citada a declarar hasta hoy, Fernández hizo una férrea defensa de su gestión y la de su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Ambos están acusados, junto a otros imputados, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras, por supuestamente direccionar contratos a un amigo de Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, para “apoderarse ilegítimamente” de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.
Negación de las imputaciones
“Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública, ‘lawfare’ (judicialización de la política) puro”, expresó en su disertación, en la que insistió que es víctima de un “plan sistemático” de persecución judicial y mediática.
La vicepresidenta electa, que asumirá el cargo junto a Fernández el próximo 10 de diciembre, refutó las acusaciones y reiteró que en múltiples audiencias y escritos ha pedido que se audite toda la obra pública del país, algo que se le denegó “sistemáticamente”.
La causa que la sentó hoy en el banquillo tiene como origen una denuncia en el 2008 de la entonces diputada opositora y aliada de Macri Elisa Carrió, aunque tomó impulso definitivo con una denuncia el 2016 del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
Fuertes acusaciones al Gobierno de Macri
Como ya realizó por escrito cada vez que fue convocada a declarar como imputada en la instrucción de los casos, la expresidenta apuntó contra Macri, su principal rival y sucesor en la Jefatura de Estado.
Para Fernández, el “Gobierno que se va” tenía una “mesa judicial” donde decidían “quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle empresas”.
En defensa de sus hijos
La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra, como la intervención de sus empresas, los registros en sus casas, embargos de sus cuentas y la intervención de la herencia de su fallecido esposo.
“Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”, enfatizó.
La posición del nuevo presidente
En numerosas oportunidades, Alberto Fernández, que fue jefe de Gabinete de Ministros de los Kirchner y se distanció de ellos desde el 2008 hasta que el año pasado se reconcilió con Cristina, ha cuestionado el papel de algunos jueces federales respecto a los presos del kirchnerismo.
“En la Argentina que vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los “operadores judiciales”, los “operadores mediáticos” y los jueces y fiscales que “operan” para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben”, escribió hoy en Twitter, al responder a un periodista que deslizó que podía haber incurrido en un delito de tráfico de influencias.
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