Antes de que la fiscal de la Nación Patricia Benavides anunciara su denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros exministros por las muertes durante la represión a las protestas contra su gobierno, la primera mandataria había tratado de mostrarse en un foro anticorrupción, ella y su gobierno, libre de cuestionamientos y acusaciones.
“Quiero decirles a ustedes que somos un gobierno con las manos limpias y seguiremos luchando férreamente contra la corrupción que tanto daño le ha hecho al país en décadas”, afirmó Boluarte en la inauguración de la X Conferencia Anual Internacional por la integridad.
En su discurso, la presidenta agregó que el próximo 7 de diciembre cumplirá un año de gestión, luego de un golpe de Estado, y no tiene “atisbo ni carpetas de investigación por temas de corrupción”.
“Seguimos avanzando. Si hay algo que investigar, que se investigue y se haga en forma célere. Las investigaciones ratificarán que el primer gobierno liderado por una mujer andina en 200 años de vida republicana actuó, y siempre actuará, con honestidad, transparencia y sin corrupción. Tenemos la conciencia limpia y el corazón tranquilo, pero también deseoso de seguir trabajando por la patria”, refirió la exvicepresidenta de Pedro Castillo.
Los delitos que se les imputan son homicidio calificado, en agravio de Víctor Santisteban Yacsavilca, y otros; así como lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes, y otros.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 27, 2023
Sin embargo, después de esa entusiasta declaración de Boluarte, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, en un video enviado a los canales de TV, reveló que ya había presentado denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta de la República; el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola; y los exministros César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero por la presunta comisión delito homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban Yacsavilca, y por lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo.
“No se puede permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, ni el abuso de poder. No se puede permitir que se traten de dañar la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre he procedido conforme a la Constitución y la ley”, concluyó Benavides, dando con su denuncia constititucional contra la presidenta un giro a la secuencia de hechos y declaraciones que se habían dado desde la madrugada, hasta ese momento teniéndola solo a ella, la Fiscal de la Nación, en el centro de las acusaciones.
#Ahora I La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra brinda un pronunciamiento.
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 27, 2023
La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. A las 5:38 p.m., Boluarte dio un mensaje al país que, más allá de los formalismos de siempre, condenaba lo que para Palacio de Gobierno era una maniobra distractiva de Benavides ahora que está en una situación delicada. Además, decía que le parecía sospechoso que si el viernes el caso pasaba a una ampliación más de las investigaciones, el lunes se cerrara el expediente y se proceda a denunciarla constitucionalmente ante el Congreso por homicidio calificado.
Es evidente que el choque de poderes al que ya se empezaba a extrañar por la misteriosa comodidad (¿sumisión?) del Ejecutivo ante la alianza Legislativo-Judicial ahora puesta en evidencia, entra a una nueva fase de una guerra ya no tan fría y con consecuencias insospechadas.
(JA)
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