La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó los cargos en su contra contenidos en las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas, por lo que pidió que estas sean archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Durante su presentación ante el grupo de trabajo, se refirió a los hechos contenidos en el informe de fiscalización la Contraloría General de la República, que sustentan estas denuncias.
Boluarte indicó que los actos de regularización registral no constituyen un acto de gestión, ello en relación al trámite que realizó ante la Municipalidad de Lima para que se le renueve la licencia de funcionamiento al Club Departamental Apurímac.
Indicó que ello se produjo cuando ya se había apartado del cargo que ejercía, ad honorem, en dicha institución privada. Además, remarcó que no habría infracción constitucional, ya que solo se reingresaron las firmas para que el expediente presentado en 2019 pueda seguir su curso administrativo en el municipio.
“No ha existido ningún acto de dirección o de gestión, ni mucho menos llamadas o gestión de intereses”, señaló Boluarte ante la Subcomisión de Acusaciones.
En otro momento, cuestionó que la Contraloría haya remitido al Congreso un total de 171 folios del mencionado proceso de fiscalización, mientras que a ella solo le enviaron cuatro hojas. Indicó que con ello se estaría afectando su derecho a la defensa, al no haber sido debidamente notificada.
Boluarte Zegarra aclaró que su presentación ante la comisión congresal se realiza en calidad de ministra de Estado y no como vicepresidenta. Además, dijo “ver con sorpresa” que algunos parlamentarios hayan adelantado opinión, al señalar que votarían a favor de la máxima sanción, es decir, su inhabilitación política.
En esa línea, consideró que existiría un plan para la vacancia presidencial, donde el primer objetivo sería su inhabilitación. “No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto, solo expreso ante el país que este plan está en marcha”, señaló la vicepresidenta.
Por su parte, el abogado de Boluarte, Alberto Otárola, sostuvo que algunos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han adelantado opinión a favor de la inhabilitación de la integrante del Ejecutivo, por lo que pidió, como cuestión previa, que dichos parlamentarios se abstengan de conocer y votar dicha causa.
Ratificó que la vicepresidenta y ministra no intervino en ningún trámite o hizo uso indebido del cargo ante la Municipalidad de Lima, como lo corroborarán a través de testigos, en el marco del proceso. Finalmente, solicitó que la Subcomisión vote por el archivamiento o improcedencia de las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas.
ANDINA- Video TV Perú