BRASILIA (Brasil).- El presidente de la Cámara de Diputados brasileña Hugo Motta (foto), descartó hoy que exista clima político suficiente para aprobar una amnistía amplia y general para implicados en los ataques golpistas del 8 de enero del 2023.
La postura del legislador se da en un contexto de creciente presión por sectores que buscan eximir de responsabilidad penal a los acusados, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.
“Es importante debatir el tema sin prejuicios, pero no hay ambiente en la Cámara para perdonar a quienes planearon actos tan graves como intentar asesinar personas”, afirmó Motta en entrevista con la televisora GloboNews.
Si bien reconoció que existe una discusión en curso sobre un proyecto de amnistía más limitado, enfatizó que este no contemplaría a los actores centrales del intento de golpe de Estado.
El proyecto original impulsado por diputados aliados a Bolsonaro propone el perdón total a todos los procesados o condenados por los eventos ocurridos tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre del 2022, lo que incluye a militares, exfuncionarios y civiles.
Tal propuesta fue presentada tras una serie de protestas en el Congreso Nacional que incluyeron la paralización de sesiones legislativas por parte de parlamentarios adeptos del político ultraderechista, inconformes con su arresto domiciliario impuesto por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Mientras tanto, las defensas del exgobernante y otros involucrados en el caso presentaron esta semana sus alegatos finales ante el STF.
El juicio, que entra en su fase decisiva, busca esclarecer responsabilidades en el intento de impedir la investidura de Lula.
Motta expresó además su preocupación por los condenados que, sin haber tenido un rol protagónico en los ataques, enfrentan penas severas debido a la acumulación de delitos.
En este sentido, abrió la puerta a eventuales revisiones judiciales que permitan una progresión a regímenes penitenciarios más flexibles.
La escena política interna se ve aún más en tensión por la reacción internacional.
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 50 por ciento a los productos brasileños, alegando entre otras razones una supuesta persecución judicial contra Jair Bolsonaro.
En un giro inusual, el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en la Corte Suprema, fue sancionado por Washington bajo la Ley Magnitsky, mecanismo que permite castigar a actores extranjeros por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Ante la escalada diplomática y comercial, el presidente Lula da Silva presentó un paquete de medidas de apoyo a los sectores más afectados por los nuevos aranceles.
Motta subrayó que la soberanía nacional y el respaldo a la economía local serán prioridad en la agenda legislativa de los próximos meses.
Fuente y foto Prensa Latina