BRASILIA (Brasil).- El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), fiscalizador del gasto público, aprobó hoy la continuidad del proceso de privatización de Eletrobras, empresa que representa el 30 por ciento de la energía eléctrica generada en Brasil.
De los ocho ministros que votaron en la sesión, solo se mostró en contra el ministro Vital do Rêgo, quien llegó a pedir la suspensión del proceso hasta que la corte concluyera una inspección de las deudas judiciales de la sociedad, lo cual podría provocar una infravaloración de la empresa estatal.
También por siete a uno, los ministros denegaron la solicitud de interrupción.
Ahora el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que colabora en la operación, deberán cumplir con algunas determinaciones y recomendaciones del tribunal, pero sin perjuicio de la continuidad del proceso.
El juicio de este miércoles fue la segunda y última etapa de análisis en el TCU. En esta fase, evalúa el modelo de venta propuesto por la Unión, incluida la gama de valores de las acciones que se ofrecerán en Bolsa de Valores.
Una primera etapa fue aprobada en febrero. En esa ocasión, los ministros analizaron y aprobaron la llamada prima de adjudicación que, tras la privatización, Eletrobras deberá pagar al sindicato por la renovación de los contratos de las 22 centrales hidroeléctricas de la empresa.
El Gobierno optó por realizar la privatización en forma de capitalización, es decir, se ofrecerán nuevas acciones de Eletrobras en la Bolsa, en una oferta que no será acompañada por la Unión, que dejará de ser el accionista mayoritario de la empresa.
Cuando el proceso concluya, la compañía se convertirá en una sin accionista de control definido.
Es decir, se adoptó un modelo similar para la privatización del conglomeado fabricante de aviones Embraer: ningún accionista tendrá un poder de voto superior al 10 por ciento de sus acciones.
La finalidad es precisamente pulverizar el capital empresarial para que no haya ningún grupo dominante sobre sus decisiones.
Tal aprobación era el último paso pendiente del Gobierno para desestatificar este año la estatal, por ende la primera en ser vendida por la administración del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro. El Congreso dio el visto bueno en junio del 2021.
En la jornada, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó sobre la pérdida de soberanía energética con la desnacionalización.
“Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética”, escribió el fundador del Partido de los Trabajadores en la red social Twitter.
Fuente Prensa Latina / foto Twitter-al
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