El sistema penitenciario peruano se encuentra en una situación crítica. Un informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de marzo del 2025 arroja que las cárceles del país acogen a 59,538 personas más de lo que su infraestructura puede tolerar. Este hacinamiento representa una de las principales alertas para el sistema.
La población carcelaria total alcanza la cifra de 199,886 internos, distribuidos en 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. De este número, 101,302 personas permanecen con detención efectiva, ya sea bajo prisión preventiva o cumpliendo una sentencia.
Por otro lado, 98,584 personas están bajo regímenes de medio libre. Este grupo incluye a sentenciados con penas limitativas de derechos, individuos con medidas alternativas al internamiento o beneficiarios de semilibertad, liberación condicional o remisión condicional de la pena.
La capacidad real del sistema ha sido sobrepasada drásticamente, con una ocupación del 143%. Esto significa que las prisiones se encuentran por encima de sus límites físicos y operativos, lo que agrava las condiciones de habitabilidad y obstaculiza seriamente los procesos de reinserción social de los internos.
Dentro de los establecimientos cerrados, 38,080 personas aún aguardan sentencia, en calidad de procesadas, mientras 63,222 internos ya han recibido una condena, según el informe.
En cuanto al régimen de medio libre, se registran 90,268 personas sentenciadas a penas limitativas de derechos. A ellas se suman 4,838 liberadas por semilibertad, liberación condicional o remisión condicional de la pena, y 3,478 con sentencias que aplican medidas alternativas al internamiento.
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