Caso Ícaro: la gravedad de que «Cachetón» Santiváñez tenga «oficina» fuera de Palacio

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Desde mayo de 2024, Juan Santiváñez Antúnez, a quien se le donomina «Cachetón» en los documentos de la Fiscalíaha estado bajo el ojo público tras ser acusado de liderar una presunta organización criminal desde su puesto como ministro del Interior, según las investigaciones dirigidas por el fiscal Carlos Ordaya del Eficcop.

Aunque fue censurado por el Congreso, continuó ejerciendo influencia a través de un cargo en Palacio de Gobierno y, en agosto, asumió el puesto de ministro de Justicia bajo el juramento de Dina Boluarte. La Fiscalía sostiene que Santiváñez sigue al frente de esta red ilícita, la cual integraría abogados de su estudio, altos mandos policiales y diversos funcionarios públicos.

 

 

En el marco de las investigaciones, el juez Víctor Alcócer autorizó allanamientos contra nueve implicados, entre ellos dos empresarios. A Santiváñez se le imputan cuatro delitos principales: tráfico de influencias en favor de la mina El Dorado, pago de sobornos para asegurar la permanencia de generales en sus cargos, contratación irregular del abogado Percy Tenorio para defender a oficiales relacionados con la represión de 2020 y encubrimientos en beneficio de Nicanor Boluarte. Testimonios de colaboradores eficaces lo identifican como el líder de esta estructura.

Percy Tenorio, exjefe de Operaciones Especiales, resulta ser un actor crucial en esta trama. Inicialmente fue representado legalmente por Santiváñez y más tarde contratado por él por un monto de S/ 250 mil con el objetivo de proteger a generales de la Policía Nacional.

 

 

Según la Fiscalía, Tenorio estuvo a cargo del operativo en Ayacucho que facilitó beneficios para la mina El Dorado, por lo cual empresarios habrían desembolsado US$ 160 mil. La red también estaría conformada por oficiales de alto rango y asesores ministeriales que contribuyen al funcionamiento del esquema.

Los vínculos llegan incluso hasta Nicanor Boluarte, quien habría recibido respaldo empresarial para aparentar actividad laboral y evitar una orden de prisión preventiva. En calidad de abogado de confianza de Dina Boluarte, se señala que Santiváñez coordinó en reuniones realizadas en Palacio estrategias para su defensa. Esta red habría sido organizada en dos círculos con roles específicos orientados a obtener ganancias ilícitas mediante actos de corrupción y acciones encubridoras.

 

 

Actualmente, Santiváñez afronta un nuevo proceso judicial, sumando un total de trece investigaciones mientras la presidenta continúa manifestando apoyo público tanto a su hermano como a su ministro.

 

 

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Captura de video
Videos: Canal YouTube Latina Noticias

 

 

 

 

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