La autógrafa de ley, aprobada por el Parlamento, que señala que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar primero por el Parlamento, fue observada por el mandatario Pedro Castillo.
De esta manera, el texto, enviado el pasado 17 de diciembre para que se publique, se devolvió al Congreso, que definirá si acepta las observaciones o promulga la autógrafa por insistencia.
El Ejecutivo precisa que el referéndum permite que los ciudadanos participen en asuntos públicos y constituye un “derecho de carácter activo”, según un oficio remitido a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva y firmado además por la premier Mirtha Vásquez.
Menciona, asimismo, que la autógrafa de ley “restringe arbitrariamente” el derecho al referéndum previsto en la Constitución, además de vulnerar “principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional”.
Detalla también que la norma no constituye un mecanismo de equilibrio de poderes, porque apela a una “lectura arbitraria” en el ejercicio de la función encomendada al legislador al “desnaturalizar” el procedimiento relativo al referéndum.
“Asimismo, genera el riesgo en la configuración de un absolutismo legislativo, ya que, al realizar la función de legislar fuera de los márgenes de constitucionalidad, se desatiende la prohibición establecida en el último párrafo del artículo 103 de la Carta Política, relativa a que ‘la Constitución no ampara el abuso del Derecho’”, puntualiza.
De igual manera, asegura, que la autógrafa resulta inconstitucional al pretender añadir una competencia al Congreso no establecida en la actual Constitución.
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