Los acuerdos preliminares entre el Gobierno de Perú y los dirigentes de las poblaciones aledañas de Cusco permitieron reanudar el tránsito en el Corredor Vial Sur, tras más de 25 días bloqueado por los vecinos de la región que, en forma de protesta, impidieron el traslado de cobre de la mina Las Bambas.
Según informó este jueves el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la comitiva del Gobierno y los representantes de la comunidad alcanzaron “importantes acuerdos” y acordaron el cese de las protestas que, durante más de tres semanas, bloquearon el tránsito en la carretera que une las regiones de Apurímac y Cusco.
El Gobierno resaltó que, durante el diálogo, “los dirigentes locales mostraron su disposición a buscar salidas consensuadas a sus reclamos”, relacionados con presuntos compromisos desatendidos por parte de Las Bambas, la mina que produce aproximadamente el 2,2 % del cobre mundial.
MÁS DE SEIS AÑOS DE CONFLICTO
Localizada a 4.000 metros de altitud en la provincia de Cotabambas (Apurímac), esa mina cuprífera arrastra el conflicto con las comunidades aledañas desde 2014, cuando fue traspasada por 10.000 millones de dólares por la gigante suiza Glencore a MMG, de capitales chinos con sede en Australia.
El motivo de las protestas, que tuvieron graves picos de violencia entre 2015 y 2016, tiene que ver con el paso de los camiones por las poblaciones vecinas, algo que no estaba previsto inicialmente en el proyecto.
Tras el diálogo entre la comitiva del Gobierno y los representantes de comunidades aledañas, nació la propuesta de crear una comisión especial que “hará seguimiento y revisará el nivel de ejecución” de los compromisos suscritos entre la población y la empresa.
En ese sentido, se acordó que la próxima reunión, prevista para el 12 de enero, contará con la presencia de portavoces de la empresa minera MMG Las Bambas “a fin de revisar los compromisos que tiene con los barrios”.
PÉRDIDAS DE 530 MILLONES DE DÓLARES
A raíz de los bloqueos en las carreteras en Apurímac y Cusco, la minera dejó de exportar 189.000 toneladas de cobre, lo que estaría generando una pérdida de 530 millones de dólares, según informó esta semana la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en un comunicado.
“Estamos frente a un acto ilícito que impide el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y el transporte de la producción de una de las minas más importantes del Perú, que aporta el 1 % del Producto Bruto Interno (PBI)”, aseveró el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor.
El director criticó, además, que los bloqueos se “hayan convertido en el mecanismo privilegiado de presión de grupos” que con “su actuación ilegal perjudican gravemente al país”, no solo “a miles de familias de trabajadores y proveedores de la empresa”, sino también “al Perú entero, que recaudará menos impuestos para enfrentar la emergencia sanitaria”.
En este sentido, la SNMPE recordó que, solo en el año pasado, se reportó el bloqueo de carreteras por 106 días, lo que dificultó el trabajo de esta minera, que aporta aproximadamente el 16 % de la producción cuprífera nacional y genera empleo directo e indirecto para más de 8.000 personas.
EFE/ Foto Archivo-