GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos condenaron la ejecución extrajudicial por parte de Estados Unidos de 11 personas cuando hundió una lancha civil en el mar Caribe el 2 de septiembre de 2025, y de tres personas a bordo de otra embarcación el día 15 de este mismo mes.
“Según el derecho internacional, todos los países deben respetar el derecho a la vida, incluso al actuar en alta mar o en territorio extranjero. El uso de fuerza potencialmente letal solo está permitido en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente a la vida”, afirmaron los expertos.
En su declaración, recordaron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes”.
“Las actividades delictivas deben ser desmanteladas, investigadas y enjuiciadas de conformidad con el Estado de derecho, incluso mediante la cooperación internacional”, agregó el texto de los expertos, que son independientes y designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esta ciudad suiza.
Ellos son Ben Saul, relator sobre la promoción de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y George Katrougalos, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
El 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque cinético (desde el espacio sobre un objetivo en la superficie) contra narcoterroristas del Tren de Aragua, a bordo de un buque en aguas internacionales, que presuntamente transportaba narcóticos ilegales, en el que murieron 11 personas.
El Tren de Aragua está reconocido como una banda delincuencial originada en Venezuela y que ha actuado en varios países del hemisferio, y el gobierno estadounidense lo ha declarado organización terrorista extranjera.
Medios en Venezuela dijeron que la lancha rápida salió de un poblado pesquero en el extremo noreste de ese país con rumbo a la vecina Trinidad y Tobago. Trump mostró en redes sociales vídeos en que se ve a la lancha huyendo y luego estallar y desaparecer bajo el impacto de algún potente proyectil.
El secretario de Estado en Washington, Marco Rubio, indicó que Estados Unidos podría haber interceptado el buque, pero eso ya no daría resultado para disuadir a los traficantes, por lo que optó por destruir la embarcación y liquidar a sus ocupantes.
Con ello, “el ataque de Estados Unidos también viola el derecho internacional del mar, que no autoriza ataques no provocados contra buques, exige que se cumplan criterios para interceptarlos, e insiste en un enfoque policial y no militar para el uso de la fuerza”, dijeron los expertos.
Washington ha acusado al Tren de Aragua de organizar una “invasión” o “incursión depredadora” contra Estados Unidos, a instancias del gobierno venezolano, con el que mantiene una larga confrontación política.
Pero, según los expertos de la ONU, “no hay evidencia de que ese grupo esté cometiendo un ataque armado contra Estados Unidos que le permita usar la fuerza militar en su contra en defensa propia”.
El ataque se produjo tras una orden clasificada, supuestamente firmada por el presidente estadounidense en agosto de 2025, que autoriza el uso de la fuerza militar, en territorio extranjero o aguas internacionales, contra los cárteles de la droga que el gobierno estadounidense ha designado como organizaciones terroristas.
Se incluyen grupos basados en América Latina, algunos en México, y en Venezuela al Tren de Aragua y al “Cartel de los Soles”, integrado por mandos militares y cuyo líder sería el presidente Nicolás Maduro, según la acusación estadounidense.
Al día siguiente de informar y mostrar imágenes de la destrucción de una segunda lancha, el presidente Trump dijo a periodistas que en realidad se han destruido tres embarcaciones de narcotráfico en las últimas semanas en el Caribe.
En esas aguas Estados Unidos desplegó una flota de ocho naves de guerra, y una docena de sofisticados cazabombarderos en la isla de Puerto Rico.
La declaración en Ginebra recuerda que el derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico.
De ese modo, los ataques contra grupos del crimen organizado en territorio extranjero violarían la soberanía del otro país y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario, dijeron los expertos.
Al designar Cartel de los Soles como grupo terrorista y alegar que el presidente venezolano es su líder, aumenta la posibilidad de que Estados Unidos use la fuerza militar directamente contra un gobierno extranjero, aprecian los relatores.
También por ello “instamos a Estados Unidos a que abandone su ilegal «guerra contra el narcoterrorismo»”, indica la declaración.
Plantea que, según el derecho internacional, Estados Unidos debe investigar de forma independiente a quienes ordenaron y ejecutaron los asesinatos, y enjuiciar a los responsables, independientemente de su jerarquía en el gobierno.
Asimismo, debería brindar reparación a las familias de las víctimas y garantizar que tales actos no se repitan jamás, según los expertos, quienes han contactado a los gobiernos interesados con respecto a estos asuntos.
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