GINEBRA – La ley de amnistía que acaba de promulgarse en Perú viola los estándares internacionales y es un paso atrás en la búsqueda de justicia, manifestó este jueves 14 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no impunidad”, dijo Türk.
Recordó que la presidenta peruana Dina Boluarte firmó el 13 de agosto una ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, y a los comités de autodefensa (rondas campesinas) por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000.
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no impunidad”: Volker Türk.
También ordena la liberación, por “carácter humanitario”, de personas que fueron condenadas por delitos cometidos durante ese conflicto y sean mayores de 70 años.
“Cientos de casos, tanto concluidos como en curso, se verán afectados por la nueva ley”, afirmó el alto comisionado en una declaración en esta ciudad suiza.
Añadió que “el derecho internacional, al que el Perú está obligado, prohíbe claramente las amnistías y los plazos de prescripción de las violaciones graves a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
“Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en el Perú debe revertirse de inmediato”, enfatizó Türk.
Por su parte, Juanita Goebertus, directora para América en la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), afirmó que la nueva ley peruana “es simple y llanamente una traición a las víctimas”.
“La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país”, aseguró Goebertus.
Según la peruana Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que trabajó entre los años 2001 y 2003, durante el conflicto armado hubo aproximadamente 70 000 muertes, asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos, empleo de métodos terroristas y otras violaciones de los derechos humanos.
La CVR señaló responsabilidades tanto institucionales como individuales por parte de órganos del Estado, grupos de autodefensa y las guerrillas de extrema izquierda que combatían, Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en más de 150 casos y más de 600 siguen pendientes, según la oenegé Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.
El Congreso aprobó la ley el 9 de julio de 2025, con una mayoría de 61 votos a favor, del partido Fuerza Popular y otras formaciones de derecha, frente a 44 en contra y tres abstenciones.
Fuerza Popular es de seguidores del fallecido expresidente Alberto Fujimori, durante cuyos gobiernos (1990-2000) se libró la sangrienta lucha contra las guerrillas y se produjeron numerosos crímenes cuyos autores pueden beneficiarse de la amnistía.
El 24 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú que se abstuviera de implementar el proyecto de ley, hasta que la Corte analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de los abusos cometidos durante el conflicto armado.
En particular, la Corte se refirió a los casos Barrios Altos y La Cantuta. En el primero, el 3 de noviembre de 1991, un grupo de seis sujetos encapuchados y armados, del Grupo Colina del ejército peruano entraron de manera violenta en una vivienda del distrito de Barrios Altos, en Lima, donde se celebraba una comida.
Los atacantes consideraron terroristas a los presentes, les ordenaron que se tiraran al suelo y los ametrallaron, matando a 15 personas, incluido un niño de ocho años.
Meses más tarde, el 18 de julio de 1992, un docente y sus nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como ‘La Cantuta’, fueron secuestrados y luego desaparecidos. Un año después, sus cuerpos fueron hallados en fosas comunes.
Como responsable último de esos crímenes, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
El 31 de julio, Boluarte replicó a la Corte Interamericana que “Perú es libre e independiente, con soberanía autónoma”, y afirmó que la ley “busca justicia para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon, arriesgando su vida, contra la insania del terrorismo”.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos “esta norma, propia de regímenes autoritarios, premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y a sus familias sin verdad ni justicia”.
Goebertus dijo que “con esta decisión, el Perú se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían el sistema interamericano de derechos humanos despreciando los derechos de las víctimas”.
“El proyecto de ley de amnistía nunca debió ser promulgado y debería ser derogado”, insistió la responsable de HRW.
Un exmiembro del Grupo Colina, Juan Rivera Daza, saludó a la presidenta Boluarte durante la ceremonia de promulgación de la ley el 13 de agosto. El diario oficial El Peruano publicó el nuevo texto legal este jueves 14.
A-E/HM