La cúpula directiva del partido Acción Popular(AP) ha comunicado su resolución de disolver su grupo parlamentario en el Congreso. A través de un pronunciamiento oficial, la dirección del partido ha otorgado a los legisladores un plazo de 48 horas para que presenten su renuncia y establezcan una nueva bancada, en conjunto con los miembros de AP que actualmente no están agrupados.
El presidente del partido, Julio Chávez, difundió la medida en su cuenta de la red social X. El documento precisa que la decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Plenario Nacional de Acción Popular, celebrada el 4 de octubre. En dicha reunión, se exigió una «llamada al orden a la actual representación parlamentaria» debido a «diversos cuestionamientos» que han afectado la imagen del partido, y por la permanencia en el grupo de un legislador que ya había sido expulsado.
Exigencias para una nueva bancada y sanciones
El requisito principal para la formación de la nueva bancada es la no inclusión de militantes expulsados o sancionados. Los congresistas que no cumplan con esta directiva se enfrentarán a un proceso disciplinario interno y se les prohibirá postularse en las elecciones de 2026.
Actualmente, los legisladores de AP que no forman parte de la bancada son Maricarmen Alva y Karol Paredes. Ellas renunciaron al grupo en agosto de 2023, después de que Darwin Espinoza fuera nombrado vocero principal. En relación con los congresistas que forman parte de la bancada, Raúl Doroteo fue expulsado del partido, pero continuaba en el grupo.
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Informe disciplinario contra congresista Doroteo
El Comité de Proceso Disciplinario de Acción Popular recomendó la expulsión definitiva de Doroteo de la bancada, tras considerar que sus acciones «promovieron el fraccionamiento» y perjudicaron la unidad interna. Aunque el congresista había sido investigado previamente, esta medida se tomó poco después de que su padre lo denunciara por una presunta agresión.
Según el informe del Comité, Doroteo infringió el literal c) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, así como el artículo 2 y el literal a) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria. Asimismo, habría violado los numerales 5.2, 5.3 y 5.9 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario de Acción Popular.
El documento del comité concluye: “Consideramos, que las conclusiones arribadas en el presente informe son legalmente justas, considerando los motivos expuestos y, que la medida a adoptarse se encuentra dentro de los parámetros normativos y las cuales creemos efectivas para el cumplimiento de la finalidad del proceso”. El acta fue suscrita por Wilson Soto Palacios, presidente del Comité; Hilda Portero López, vicepresidenta; y Silvia Montezo, secretaria.
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