El Parlamento dio luz verde a un proyecto de ley que establece acciones excepcionales para combatir la extorsión y el asesinato por encargo en compañías de transporte de pasajeros y carga, sectores considerados fundamentales para la conectividad ciudadana, el trabajo y el desarrollo económico del país.
La medida legislativa recibió respaldo de 90 legisladores, mientras que 2 votaron en contra y 3 se abstuvieron durante la sesión plenaria de este jueves. El texto también fue dispensado de un segundo debate parlamentario.
El proyecto legal, elaborado por José Jerí —actual mandatario de la nación—, recibió el análisis conjunto de las comisiones parlamentarias de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas; junto con la comisión de Transportes y Comunicaciones.
El documento final contó con el aporte de múltiples entidades estatales, incluyendo los ministerios del Interior; de Transportes y Comunicaciones, la magistratura, el Ministerio Público, el MEF, Justicia y las organizaciones de transportistas, entre otras instituciones.
Respuesta estatal ante criminalidad organizada
La titular de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, manifestó que el proyecto responde a la urgencia de una acción extraordinaria desde el aparato estatal, frente a un problema delictivo de naturaleza estructural y con organización criminal.
«Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no sólo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida», mencionó.
La congresista detalló que la iniciativa contempla establecer un registro nacional de empresas de transportes vulnerables; la intervención temporal de rutas y concesiones bajo riesgo delictivo; y el intercambio de información entre la Sunat, la SBS y la Policía Nacional para detectar lavado de activos.
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Asimismo, incluye la supervisión especial de terminales por parte del Ministerio del Interior y la coordinación de fiscalías especializadas en crimen organizado por casos vinculados.
La responsable de la Comisión de Defensa Nacional subrayó que este conjunto de acciones excepcionales no reemplaza el sistema penal vigente, sino que lo refuerza mediante herramientas de inteligencia operativa y coordinación interinstitucional.
Acuerdos alcanzados en reuniones multipartitas
En tanto, el responsable de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, destacó que el proyecto materializa uno de los pactos y compromisos logrados en las siete mesas de trabajo realizadas con la participación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y los gremios de transportistas.
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«Con la aprobación de esta norma se cumplirá plenamente lo acordado el día 2 de octubre. El objetivo principal de esta norma es establecer un marco legal extraordinario que permita al Estado prevenir, enfrentar y reparar los efectos de la criminalidad organizada en el sector transporte, bajo las modalidades de extorsión y sicariato», recalcó.
El parlamentario señaló que el dictamen documenta más de 128 víctimas de atentados entre agosto de 2024 y octubre de 2025, con 65 fallecidos en Lima y Callao.
Mori enfatizó que el proyecto propone atacar los episodios de extorsión y sicariato a través de acciones articuladas entre diversas entidades públicas, con énfasis en la prevención financiera y operativa.
Foto Andina