El problema del aumento de las tarifas en los peajes de la Vía Panamericana a cargo de la empresa Rutas de Lima, que también administra la autopista Ramiro Prialé, intentó explicar el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), que preside Wilson Soto Palacios (Acción Popular).
El burgomaestre limeño sostuvo que el contrato inicial con la concesionaria disponía que se aplique una tarifa de S/ 3.07 en el transporte público “una vez finalizadas las obras obligatorias”. Sin embargo, desde el 2016, tras la firma de un acta con la comuna de limeña, sin tener opinión favorable del Ministerio de Economía y la Contraloría, se libera a la empresa de realizar obras obligadas y se realiza un incremento irregular de las tarifas.
Agregó que ese acuerdo permitió que, desde el 2019, sobre una tarifa base de S/4.22, se logre incrementos de los peajes de acuerdo a una fórmula sin sustento. Por ello, actualmente se pague S/6.50 e insistió en que Rutas de Lima ha buscado aumentar el costo a S/ 7.50 pero, en una situación que el alcalde ha calificado de sospechosa, aún no cobra esta tarifa.
Según la proyección de la Municipalidad de Lima, el alza de tarifas por el peaje permitirá que al año 2040 se cobre S/16.70, fecha en la que concluye la concesión.
“Aquí no hay color político. Estamos ante un frente de derechos humanos anticorrupción. Los arbitrajes empiezan en el 2019 en la época de Jorge Muñoz. Al respecto, mi asesoría jurídica me ha indicado que nunca debió acudir a un arbitraje, sino al origen (de la firma del contrato). Al allanarse al arbitraje ha complicado la posición de la Municipalidad de Lima”, manifestó López Aliaga.
A su turno, Luis Pacheco Maraví, gerente de la Municipalidad de Puente Piedra, sostuvo que los 8 equipos de control paramédico, así como los vehículos de serenazgo, limpieza pública y cisternas de mantenimiento de áreas verdes, que van de un punto a otro de su distrito, pagan peaje.
En la sesión también estuvo presente el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien dijo que su entidad está por presentar un segundo informe de análisis sobre el alza de cobro de peajes, donde se detalla irregularidades en los cobros. “El peaje sobre el río Chillón nunca debió existir, porque se dio en el marco convencional que habla sobre rutas alternas, que jamás hubo”, acotó.
En tanto, el presidente de Codeco, Wilson Soto, señaló que su grupo de trabajo realizará una sesión extraordinaria para citar a los representantes de los gremios de transportes de Lima Norte, así como dirigentes vecinales, que son los más afectados con el pago excesivo de peaje.
(JA)
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