SAN JOSÉ.- La estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó hoy de que, desde el punto de vista técnico-médico, aprueba la aplicación de la fertilización in vitro (FIV) en el país siempre y cuando esté regulada por medio de una ley y no un decreto como pretende el Gobierno.
“Por tratarse de derechos fundamentales y humanos comprometidos, el tema es materia reservada a la ley y no vía decreto, esto en el contexto del contenido mismo de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)” en el 2012, explicó la CCSS.
El mandatario Luis Guillermo Solís anunció el pasado 3 de septiembre un decreto, que fue sometido a consulta de la CCSS y el Colegio de Médicos antes de ser firmado, mediante el que pretende habilitar la fecundación in vitro y acatar el fallo de la CorteIDH.
Tras la revisión del documento, la Caja valoró que el decreto “contiene conceptos que deberán ser corregidos o ajustados, con el propósito de lograr una mayor precisión conceptual del tema, que permita mayor seguridad para su puesta en práctica”.
El Colegio de Médicos expresó su apoyo total al decreto. El decreto permite que cualquier mujer mayor de edad, soltera o con pareja, acuda a la técnica reproductiva, pero con algunos requisitos como ser infértil y haberse sometido a otras técnicas menos invasoras.
Además, solo se permitirá la transferencia de dos óvulos fecundados como máximo.
El texto prohíbe que los óvulos fecundados sean desechados, comercializados, destruidos, clonados, alterados genéticamente, que se experimente con ellos, y tampoco se podrá realizar selección genética y la fisión.
La CCSS también indicó hoy que previo a la puesta en práctica de la técnica médica, el Estado debe proporcionar los recursos financieros necesarios.
La Seguridad Social calculó en 40.000 dólares el costo de cada fecundación in vitro, lo cual incluye la atención integral del paciente y neonatos.
La inversión en infraestructura y equipamiento necesario para aplicar la técnica médica supone una inversión de dos millones de dólares, según la CCSS.
En noviembre del 2012 la CorteIDH declaró que la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica constituye una violación de los derechos humanos y ordenó al país centroamericano que la reactivara.
En la actualidad hay un proyecto de ley para legalizar la fecundación in vitro, pero no ha avanzado en el Congreso, principalmente por la oposición de diputados cristianos.
En el año 2000, la Sala Constitucional de Costa Rica decidió que la fertilización in vitro era inconstitucional, al interpretar que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.