El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), un organismo internacional con sede en Nueva York, hizo este jueves un llamamiento a las autoridades peruanas a cesar sus intentos de incautar documentos del medio digital Ojo Público por sus investigaciones sobre actos de corrupción.
“La Fiscalía está demostrando una falta de comprensión elemental sobre los métodos del periodismo investigativo, y debe dejar de amenazar con tomar medidas legales contra un medio informativo que no ha hecho nada malo”, declaró en un comunicado Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
De acuerdo con este organismo, la fiscal peruana Yovana Mori envió el pasado 5 de abril 13 oficios a Ojo Público, en los que exigía al medio la entrega de documentos relacionados con sus investigaciones periodísticas sobre presuntos casos de lavado de dinero.
En el marco de la investigación de los Papeles de Panamá, Ojo Público reveló entre 2016 y 2017 supuestos actos de corrupción que involucraban a empresas inmobiliarias, mineras, madereras y agroindustriales, así como al excandidato presidencial Rafael López Aliaga.
DOCUMENTOS RESERVADOS
Tales denuncias llevaron a las autoridades a abrir las pesquisas correspondientes, de la mano de la fiscal Mori, la misma que cuatro años después exigió a Ojo Público la entrega de los documentos pertinentes.
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En concreto, los oficios fiscales establecían como fecha límite de entrega el 23 de abril y amenazaban con solicitar una orden judicial para acceder a los documentos si el medio se negaba a cumplir con la orden.
Para Southwick, “es preocupante que las autoridades peruanas hayan intentado utilizar una investigación en curso para presionar a Ojo Público a entregar documentos de carácter reservado que sencillamente no tiene”.
En el mismo sentido se expresó al CPJ el director de Ojo Público, Óscar Castilla: “Nos están pidiendo algo que no nos pertenece”, dijo.
El periodista precisó que, tras recibir los oficios, el medio envió una carta a Mori en la que afirmaba que la entrega de los documentos era “inviable” porque estos pertenecían a una base de datos administrada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), que supervisaba los trabajos de los Papeles de Panamá.
Además, Castilla indicó que Ojo Público, al igual que las demás organizaciones noticiosas que colaboraron con la investigación, había suscrito acuerdos de confidencialidad que le impedía revelar sus fuentes periodísticas.
EFE